Un algecireño cumplió seis años por una violación que tampoco cometió

La Asociación Pro Derechos Humanos dibujó el caso de Rafael Ricardi como un ejemplo más de cómo la justicia española, a su juicio, tiene una doble vara de medir. «Terminó en prisión porque como tantos otros pertenece a la sociedad excluida, a los que tienen todas las papeletas para que se cargue sobre ellos todo el sistema policial-judicial, para servir de cabeza de turco. La justicia no es ciega. Golpea con fuerza a los que menos tienen y a los que la sociedad condena de antemano». Sin embargo, existe un precedente en la provincia casi calcado a lo que le ha ocurrido al portuense, pero en cambio el perjudicado es un pequeño empresario. Se trataba del dueño de una tienda de informática de Algeciras que fue condenado por la Audiencia Provincial a 12 años de prisión por violar a un menor de nueve años. La prueba que le llevó a pasar seis años en la cárcel -fue detenido en 1999 y sentenciado en 2001- fue la identificación, hasta en cuatro ocasiones, que hizo la víctima por medio de fotografías e incluso lo señaló cuando fue llevado al establecimiento del falso culpable en compañía de un agente de la Policía.

Pero el Tribunal Supremo revocó el fallo en junio de 2005 porque aparecieron nuevas pruebas que lo situaban en su puesto de trabajo a la misma hora que el menor fue atacado. La defensa de este hombre presentó en su recurso de revisión, entre otros datos, que se había producido una llamada de teléfono al comercio que el procesado atendió cuando en otro punto de la ciudad estaban violando al menor. El Supremo también reproduce en su decisión cómo la esposa del empresario realizó toda una investigación particular para localizar a los testigos que pudieron situar a su marido fuera del escenario de la agresión sexual.

La diferencia entre ambos casos es que la prueba que exculpa a Rafael Ricardi no se obtuvo en seis años sino en trece.