El Gobierno pedirá a los tribunales la retirada de todas las placas de etarras

El Gobierno reclamará a los tribunales de lo contencioso-administrativo que ordenen la retirada de todas las placas de calles de pueblos del País Vasco y Navarra dedicadas a miembros de ETA. El Ejecutivo pretende que los jueces declaren «nulos de pleno derecho» los acuerdos municipales que dieron nombre a estas calles porque son ilegales y que, en consecuencia, ordenen la retirada de las placas y la desaparición del callejero municipal.

Las demandas, que se basan en un estudio de la Abogacía del Estado, defenderán que los acuerdos violan al menos dos artículos de la Constitución, ya que «vulneran el derecho fundamental al honor» (art. 18) de las víctimas del terrorismo y «atentan contra la dignidad» de toda la sociedad española (art.10), «que desde hace mucho tiempo viene sufriendo las consecuencias de la actividad de ETA».

Es la vía jurídica alternativa a la penal, que el miércoles pasado quedó cerrada tras aclarar la Audiencia Nacional que los alcaldes de estos pueblos no incurren en un delito de enaltecimiento del terrorismo por no retirar las placas de etarras que colocaron corporaciones anteriores. Para cometerlo habrían tenido que ser ellos mismos quienes hubiesen aprobado la colocación de la placa.

El Ministerio de Justicia, la Audiencia Nacional y la Fiscalía coinciden en que la vía contencioso-administrativa es el único camino legal para acabar con las calles que homenajean a etarras.

La cascada de procesos contencioso-administrativos es la «vía jurídica eficaz» que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió ayer desde Atenas (Grecia) a poner en marcha para cumplir con el doble objetivo de preservar el respeto a las víctimas del terrorismo y garantizar que «nadie que ha sido un asesino tenga un espacio de exaltación».

Este compromiso ya comenzó a aplicarse en marzo. El delegado del Gobierno en el País Vasco, tras recibir el informe de la Abogacía, comenzó a requerir de manera oficial a todos los ayuntamientos, donde tiene acreditada la existencia de calles a nombre de etarras, que anulen los acuerdos con que los bautizaron y retiren las placas oficiales. Si el consistorio se niega a hacerlo o transcurren seis meses sin recibir contestación, el delegado planteará la misma exigencia por la vía contenciosa, como ya ha hecho en Hernani.

Nueve municipios

Según los datos facilitados por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hasta el momento ya han sido requeridos nueve consistorios vascos: cinco guipuzcoanos (Astigarraga, Elgeta, San Sebastián, Hernani y Zizurkil) y cuatro vizcaínos (Amorebieta, Arrigorriaga, Etxebarri y Lejona). A día de ayer sólo habían contestado dos corporaciones: Zizurkil ha anulado el acuerdo y ha retirado las placas y Hernani se ha negado a ello.

La negativa de Hernani a retirar las placas de un parque dedicado a un terrorista motivó hace ya varias semanas la presentación por parte del delegado del Gobierno de una demanda contenciosa contra el ayuntamiento, que se ampliará a los consistorios de las otras siete poblaciones si tampoco atienden el requerimiento en el plazo de los seis meses.