El jefe policial que investigó a Ricardi en 1995 se desmarca y niega cualquier error

En el seno de la Policía existen discrepancias en cuanto a la implicación de Rafael Ricardi en la violación de Valle Alto por la que fue sentenciado en 1996 a 36 años de prisión -30 de cumplimiento efectivo-. Hasta ahora sólo se conocían las conclusiones a las que había llegado la inspectora que en su día perteneció al equipo de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Comisaría de El Puerto. Este mando policial, que ha tutelado las pesquisas que concluyeron con los arrestos de Fernando P. G. y Juan B. G., afirmó en rueda de prensa que Ricardi era inocente y fue respaldada por su superior, el comisario provincial. Pero no es la única tesis policial.

El instructor de la investigación que desembocó en 1995 en la detención de Ricardi fue citado en los juzgados de El Puerto para ser interrogado sobre el desarrollo que tuvieron las indagaciones. Esta comparecencia fue solicitada por la Fiscalía y el juez López Marchena para esclarecer si el portuense fue condenado por error. El funcionario se desmarcó de la tesis divulgada por su propio Cuerpo y defendió el resultado que obtuvieron a partir de las pesquisas realizadas hace 13 años. Según pudo saber LA VOZ, este agente insistió en que las pruebas recabadas apuntaban directamente al portuense, que sigue creyendo que participó en la violación aunque sin entrar a valorar la sentencia condenatoria que posteriormente dictó la Audiencia Provincial, y que no considera que se hubiera cometido fallo alguno.

También fue preguntado por los últimos datos que provocaron la detención de los dos jerezanos a los que responsabiliza de una decena de agresiones sexuales ocurridas entre los años 95 y 2000. Si bien, a día de hoy sólo están reabiertos judicialmente cinco casos, que son aquellos en donde se han recuperado vestigios de los que se han extraído perfiles genéticos que coinciden con sus ADN. El instructor respondió que ese material no entra en contradicción con las conclusiones que su equipo llegó en 1995: ellos arrestaron a uno de los dos agresores que vejaron a la víctima y faltaba uno, que pudo ser identificado 13 años después gracias a la nueva base de muestras biológicas a la que tienen acceso tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil.

Ésta es la postura que mantuvo durante el interrogatorio este funcionario policial, que de esa forma no se sumó a la tesis esgrimida por sus compañeros y que hasta ahora ha sido la única que se vinculaba a la Policía.

Pruebas irrefutables

Con este interrogatorio, se añade aún más confusión si cabe a un caso enmarañado y que hasta ahora sólo ha arrojado cinco datos irrefutables: el hallazgo de ADN coincidente con Fernando P. B. en cuatro víctimas, incluida la de Rafael Ricardi, y los restos de semen recuperados del escenario de una quinta violación que pertenece a Juan B. G. Estas pruebas solventes han llevado a imputar al primero en cuatro agresiones sexuales y al segundo en una.

El resto de indicios que fueron presentados por la Policía ante el juez instructor no constituyen prueba. Así lo puso de manifiesto Miguel Ángel López Marchena en uno de sus autos y cuyo contenido fue divulgado por LA VOZ hace varias semanas. En concreto, el titular del nº 3 de El Puerto, en un escrito fechado el 9 de junio, explicaba por qué es necesario realizar más comprobaciones como las que viene impulsando el Ministerio Público desde que se cuestionara la culpabilidad del portuense: «En cuanto a Rafael Ricardi Robles se tiene que partir que las conclusiones que se han presentado por la Policía Judicial no tienen carácter de prueba plena, sino que requiere la práctica de diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos».

Entre esas diligencias está la toma de declaración del preso, de los policías que investigaron y detuvieron a Rafael Ricardi, un nuevo análisis de los restos biológicos rescatados de la agresión de Valle Alto y la revisión de las actuaciones realizadas en las otras nueve agresiones sexuales.

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