José María Aldaya reconoce que se volvió «medio loco» tras su secuestro por ETA

Doce años después de su secuestro a manos de ETA, el industrial vasco José María Aldaya ha tenido que volver a recordar sus 340 días de cautiverio en el minúsculo zulo en el que la banda terrorista le recluyó entre el 8 de mayo de 1995 y el 14 de abril de 1996. El empresario, que ha reconocido que tras el secuestro se quedó "medio loco" y que, desde entonces, arrastra unas caderas "deshechas", ha asegurado que intenta "olvidar" el calvario vivido.

Ante el juez, Aldaya ha tenido que relatar como la noche del secuestro, mientras se dirigía en su coche a casa, un vehículo le cerró el paso y de él se obligado por varias personas armadas a bajarse. Tras colocarle una capucha, le pusieron una inyección que le durmió hasta que se despertó en un zulo de 3,5 metros de largo, uno de ancho y dos de alto, en el que estuvo retenido

Gracias al ADN y a las huellas halladas en el lugar, los investigadores lograron identificar a dos de los cuatro etarras que desde hoy se sientan en el banquillo, entre el grupo de secuestradores que retuvo al empresario. Se trata de José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', y Dolores López Resina, 'Lola'. Ambos han admitido pertenecer a ETA y se han negado a declarar durante el juicio, ya que no reconocen al tribunal y, en el caso del primero, lo considera un "teatro", por lo que ha pedido a su abogada que no le defendiera.

17 años de cárcel y una cuantiosa indemnización

El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo ha mantenido, por su parte, su petición de 17 años de cárcel para los dos miembros de la banda terrorista. Según ha sostenido Gordillo, 'Kantauri' propuso al etarra Francisco José Ramada -ya condenado por este secuestro- la integración en el sector de la banda dedicado a los secuestros, y fue quien le ordenó secuestrar al empresario vasco el 8 de mayo de 1995.

Ramada, que ha acudido al juicio en calidad de testigo, recibió dinero de la dirección de la banda con el que compró una nave industrial en Irún (Guipúzcoa) para construir una "cárcel del pueblo", nombre utilizado para designar los zulos empleados en los secuestros.

Para el fiscal, el motivo de su secuestro fue el impago del 'impuesto revolucionario', un chantaje que se negó a pagar en reiteradas ocasiones. Por él, Gordillo ha solicitado para cada uno de los acusados 17 años de prisión por detención ilegal además de una indemnización para la familia de 900.000 euros por la cantidad pagada como rescate por la familia y 1,2 millones de euros para Aldaya por los daños morales sufridos durante el cautiverio.

Aldaya ha reconocido que, desde su liberación, se ha dedicado a "trabajar y a tratar de olvidar" porque no puede dejar de hacer cosas, aunque tiene las caderas "deshechas" debido a los movimientos que tenía que realizar en el habitáculo en el que estuvo recluido.