Dos hermanas empresarias, relacionadas con la izquierda abertzale fueron detenidas anoche por la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana de Orio acusadas de pagar el impuesto revolucionario a ETA./ EFE TV
empresas de pescado

Detenidas dos empresarias en la localidad guipuzcoana de Orio por pagar el 'impuesto revolucionario' a ETA

El juez Garzón tomará declaración mañana a las dos hermanas, acusadas de un delito de colaboración con banda terrorista

MADRID Actualizado: Guardar
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Las dos hermanas empresarias detenidas esta madrugada en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, acusadas de efectuar pagos voluntarios a ETA, prestarán mañana declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que fue quien ordenó los arrestos, llevados a cabo esta madrugada.

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmado que los pagos figuran en la documentación intervenida a raíz del arresto el pasado 20 de mayo, en Burdeos (Francia), de Francisco Javier López Peña, 'Thierry', considerado uno de los máximos dirigentes de la organización terrorista.

Los documentos intervenidos harían referencia a pagos de dinero a ETA que podrían haberse efectuado de manera voluntaria. Al parecer, la cantidad asciende a seis mil euros, aunque podría ser sólo un primer plazo. Las dos detenidas están vinculadas familiarmente a empresas de conservas de pescado.

Las empresarias arrestadas, cuyos domicilios han sido registrados esta noche, pertenecen al entorno de la izquierda abertzale, según fuentes policiales, y una de ellas estuvo ligada a Euskal Herritarrok en pasadas elecciones. La operación, ordenada por el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sigue abierta.

Ésta es la primera vez desde hace dos años en que se produce la detención de empresarios acusados de pagar a ETA de manera voluntaria. El 23 de junio de 2006 fueron capturados en Navarra dos empresarios del sector de la construcción, naturales de Leiza, acusados de haber pagado a la banda terrorista 64.000 euros. Ambos fueron puestos en libertad al no reclamar el fiscal ninguna medida cautelar, aunque se mantuvo la acusación contra ellos.