Retiran por primera vez la placa de un parque dedicado a un etarra en el País Vasco

La Audiencia Nacional ordenó ayer por vez primera quitar la placa de un parque público del País Vasco dedicado a un etarra. El juez Fernando Grande-Marlaska exigió a la Ertzaintza que retire de inmediato la placa y el monolito erigido en memoria de José Artimuño, 'Pana', en Hernani. Ambos distintivos fueron colocados por el ayuntamiento guipuzcoano hace 26 años en honor del terrorista, que murió en 1981 en un enfrentamiento con la policía y que, entre otros atentados, asesinó en 1980 al jefe de la policía foral alavesa, el comandante Jesús Velasco.

El magistrado adoptó la medida cautelar, a petición de Dignidad y Justicia (DyJ), dentro del procedimiento penal abierto contra la alcaldesa de Hernani, la dirigente de Acción Nacionalista Vasca (ANV) Marian Beitialarrangoitia, a la que la asociación cívica y el Foro de Ermua acusan de enaltecimiento del terrorismo por negarse a retirar el nombre de Artimuño de este parque público.

El delito se castiga con una pena de entre uno y dos años de cárcel.

Marian Beitialarrangoitia, que ayer se negó a contestar en la Audiencia Nacional a las preguntas del juez y los acusadores, rechazó cualquier responsabilidad en el bautismo municipal del parque, «yo tenía 14 años cuando lo acordó el ayuntamiento», y aseguró que si ahora se ha cometido algún delito por no retirar la placa le debe ser imputado a todos los concejales del municipio, incluidos los del PNV, PSOE o PP, porque ningún grupo ha presentado tal iniciativa ante el pleno.

Indicio racional

Grande-Marlaska, en una decisión inédita, ordenó a los miembros de la Ertzaintza que retiren de Hernani cualquier otra señal o signo público con el nombre del terrorista y les exigió que se aseguren de que en el futuro nadie coloque otros carteles a nombre de 'Pana', «en ninguna forma gráfica imaginable».

El magistrado Grande-Marlaska requirió también a la alcaldesa de Hernani para que el nombre del etarra sea retirado de toda clase de callejeros municipales, «bajo el apercibimiento de que, caso de no proceder en tal sentido, ello puede entenderse como indicio racional de criminalidad» de la primera edil.