Berlusconi abre en Nápoles su nueva era con mano dura contra la inmigración ilegal

El nuevo primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, prometió que celebraría en Nápoles su Consejo de Ministros inaugural si ganaba las elecciones del 13 y 14 de abril, como señal de compromiso con la ciudad, que a su vez es símbolo del caos al que ha sido capaz de llegar Italia. Durante la campaña, Nápoles llevaba hundida en la basura desde diciembre. Sigue igual, con momentos peores, como este fin de semana, cuando se atascó la cadena de recogida de emergencia. Después de tres días de caos, ayer estaba todo más o menos limpio, porque llegaba Berlusconi a cumplir su promesa. Hoy será la primera reunión del nuevo Gobierno de centroderecha. Pero la emergencia de residuos no está en el orden del día, pues poco más se puede hacer que seguir el plan extraordinario ya en marcha. Y tampoco hay basura en la calle. Siempre pasa igual, un día el sistema se pone las pilas y de estar al borde de la catástrofe se pasa a la total normalidad.

Entretanto en Nápoles ha surgido también en toda su crudeza el problema de la inmigración descontrolada. El martes pasado ocho campamentos ilegales de gitanos rumanos fueron desalojados y algunos de ellos quemados en Ponticelli, un barrio de las afueras. Entre la xenofobia, el hartazgo vecinal y los intereses de la Camorra, ochocientas personas tuvieron que huir del lugar. Los incidentes sirvieron para que surgiera con fuerza el debate de la inmigración clandestina, algo que interesaba muchísimo al Gobierno de Berlusconi. Hoy, en efecto, es esta en realidad, y no la basura, la cuestión central de su primer Consejo de Ministros, pues es una prioridad de sus dos aliados, tanto la Liga Norte, el partido separatista de pulsiones xenófobas de Umberto Bossi, como Alianza Nacional, la formación postfascista de Gianfranco Fini.

Contra la inseguridad

El Ejecutivo presentará un «paquete de medidas contra la inseguridad», que se centra principalmente en la inmigración ilegal y que espera tener aprobado en julio. Lo componen un decreto, en el que entrarán las medidas consideradas urgentes, un proyecto de ley que deberá pasar por el Parlamento y tres esquemas de decretos legislativos. El punto fuerte de este plan de choque era convertir la clandestinidad en delito, es decir, con pena de cárcel para los inmigrantes irregulares, y aún es la intención del ministro del Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte. A última hora de ayer aún se debatía si entraría o no en el paquete. El borrador prevé una pena de seis a cuatro años de cárcel, aunque si finalmente se aprueba deberá pasar por el Parlamento y el debate será arduo.

Problemas prácticos

Esta medida plantea numerosos problemas prácticos. Por ejemplo, muestra de la complejidad del asunto, enseguida alguien preguntó qué iba a pasar con los más de 300.000 extranjeros sin permiso que cuidan ancianos o limpian casas, imprescindibles para los hogares. Se calcula que ayudan a más de un millón de familias italianas. ¿Acabarían en la cárcel si les pillaban sin papeles en el autobús? El Gobierno se apresuró a decir que no. Sólo irían los individuos peligrosos, pero eso debía valorarlo el juez, una cuestión muy subjetiva. Por otro lado, la medida implica juzgar a los detenidos, con lo que eso significa en el país con la Justicia más lenta y las cárceles más saturadas de Europa.

El resto de medidas que entrarán hoy en el plan de choque también pueden ser polémicas, pues endurecen el control de los inmigrantes sin papeles. Por ejemplo, cárcel de seis meses a tres años y hasta 150.000 euros de multa a quien les alquile pisos. O aumentar la pena en un tercio si el condenado es un extranjero irregular.

Había otra norma muy peculiar del paquete legal, porque no tenía nada que ver con el resto, que ayer acabó por caerse a causa de la polémica suscitada. Una modificación procesal permitía al imputado pedir la suspensión del proceso durante dos meses para valorar la posibilidad de pactar la pena. A simple vista no parece nada raro, pero es que viene al pelo al propio Berlusconi para paralizar uno de sus procesos aún pendientes en Milán, el del presunto soborno a un testigo, el abogado británico David Mills. La sospecha no es baladí porque el firmante del decreto ley es el mismísimo abogado del magnate, Niccolò Ghedini, también diputado suyo. Ayer se apresuró a desmentir las insinuaciones y al final la norma fue retirada.