Un jurista de vocación y ultraconservador, recusado por el Gobierno

Roberto García-Calvo y Montiel, magistrado del Tribunal Constitucional desde octubre de 2001, ha fallecido en Madrid a los 65 años, fue designado magistrado del Alto Tribunal por el Congreso de los Diputados a propuesta del PP, el 30 de octubre de 2001, por un periodo de nueve años.

Fue uno de los magistrados que expresó su oposición a la aprobación del Estatuto de Cataluña y el pasado mes de marzo, junto con el también magistrado del TC Jorge Rodríguez-Zapatero, fue apartado del recurso del PP contra la Ley Orgánica de este órgano (LOTC) por una recusación presentada por el Gobierno.

Nacido en La Bañeza (León) el 14 de junio de 1942, García-Calvo había sido magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo entre 1995 y 2001, y gobernador civil de Almería.

Jurista de vocación

Licenciado en Derecho, fue número uno de la XVII promoción de la Escuela Judicial y en julio de 1968 ingresó en la carrera fiscal; tres años más tarde fue designado presidente del Tribunal Provincial de Amparo de Almería, donde hasta ese momento era teniente fiscal de la Audiencia Provincial.

El 10 de abril de 1976 fue nombrado gobernador civil de Almería, cargo en el que permaneció hasta que a mediados de 1977 presentó su dimisión para reincorporarse a la carrera judicial como magistrado de Trabajo en Guadalajara, desde donde, en 1979, se trasladó a Madrid. En 1986 fue nombrado magistrado del Tribunal Central de Trabajo.

El 7 de marzo de 1989 fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que ocupó hasta 1990; Roberto García-Calvo, que concurría como único candidato a la vacante del CGPJ, fue elegido por el Senado a propuesta de Alianza Popular (AP). En dos ocasiones anteriores -en marzo y en abril de 1988- el Congreso había votado en contra de su candidatura, al no contar con el apoyo del Grupo Socialista.

En el CGPJ formó parte de las comisiones de Estudios, Informes y Disciplinaria; en octubre de 1990, al finalizar el mandato de los vocales del CGPJ elegidos en su mayoría en 1985, García-Calvo, que había sido nombrado en 1989, recurrió en amparo al Tribunal Constitucional por considerar que debía permanecer en el cargo hasta cumplir sus cinco años de mandato. El 30 de octubre del mismo año el Constitucional decidió, por unanimidad de los tres magistrados que formaron sala, no admitir a trámite el recurso interpuesto por Roberto García-Calvo .

A continuación ejerció como fiscal del Tribunal Supremo hasta el 25 de octubre de 1995, fecha en la que fue elegido magistrado de la Sala Segunda de dicho Tribunal, en sustitución de Marino Barbero. Tres años después, en mayo de 1998 abogó por conseguir "la máxima aproximación de la carrera judicial a la carrera fiscal", ya que este modelo otorgaría al Ministerio Fiscal "más independencia del poder político".

Recusado en dos ocasiones

En julio de 2001 fue propuesto por el Partido Popular como candidato a una de las cuatro vacantes de magistrado del Tribunal Constitucional, plaza que ocupó el 30 de octubre junto a Gay Montalvo, Javier Delgado Barrio y Elisa Pérez Vera, cargos de los que tomaron posesión el 12 de noviembre de ese mismo año.

Uno de los episodios más polémicos de su etapa en el TC fue la recusación que contra él presentó, en octubre de 2006, la Generalitat de Cataluña, por "falta de imparcialidad" en relación con los recursos presentados contra el Estatuto de Cataluña, por el Partido Popular.

Un año más tarde, el 19 de octubre de 2007, el Gobierno decidió recusarle junto con el también magistrado del TC Jorge Rodríguez-Zapata, para que no intervinieran en el recurso del PP contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por considerarlos "contaminados" en el proceso.

Ambos magistrados expresaron en junio de 2007, a través de un escrito, su "más profunda discrepancia" con la reforma aprobada de la LOTC y concretamente con el artículo que establece que se amplíe automáticamente el mandato de la presidenta del TC, María Emilia Casas.

El 12 de marzo de este año el pleno del Alto Tribunal estimó por mayoría la recusación de ambos magistrados, que quedaron excluidos del recurso.

Era miembro de la Asociación de Fiscales (AF) y poseía la Cruz de San Raimundo de Peñafort.