El Gobierno recusará a dos magistrados conservadores para fijar un nuevo equilibrio de poder en el Constitucional

La batalla por el control del Tribunal Consitucional, el órgano que tiene en su mano decidir la legalidad de leyes tan decisivas como el último Estatuto de Cataluña o el Plan Hidrológico Nacional, ha vivido hoy un nuevo episodio con el anuncio de recusación por parte del Gobierno de dos magistrados del sector conservador, Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García Calvo, por entender que están "contaminados". La decisión se ha tomado en la reunión del Consejo de Ministros de esta mañana.

De prosperar la recusación, planteada por la Abogacía del Estado, el Ejecutivo lograría un nuevo equilibrio numérico entre los sectores progresista (que pasaría a ser mayoritario) y conservador en la evaluación del recurso presentado por el Partido Popualr contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), una nueva normativa que, entre otras cosas, faculta a la actual presidenta, María Emilia Casas para prolongar su mandato.

El pasado día 16, el sector conservador lograba hacerse con el control del Tribunal Constitucional al lograr que el pleno de esta institución acordara apartar a la propia Casas y al vicepresidente, Guillermo Jiménez, del debate sobre la legalidad de la reforma acometida por el Gobierno para ampliar el mandato de ambos cargos, que finalizaba en junio pasado. La iniciativa tenía como objetivo que continuaran en el puesto, primero hasta diciembre -fecha en la que ambos deben abandonar el Constitucional- y luego hasta que se consumara el relevo.

La reforma legal ha sido duramente criticada por la oposición por entender que el objetivo del Gobierno es evitar que la dirección del Alto Tribunal pudiera quedar durante la recta final de la legislatura en manos de los conservadores después de tres años de control por parte de la progresista Casas. Prorrogar el mandato asegura que la renovación de los cargos no se podría llevar a la práctica hasta después de las elecciones generales.

La permanencia de Casas al frente del Tribunal le otorga un voto de calidad en todos los asuntos que debe dirimir el pleno, compuesto por un total de 12 magistrados repartidos a partes iguales entre los bloques más afines a PP y a PSOE. El máximo órgano debe analizar en los próximos meses algunos de los recursos que el partido de Mariano Rajoy ha presentado a proyectos estrella del Gobierno como la reforma del Estatuto catalán, el Plan Hidrológico o la Ley de matrimonios entre homosexuales.

Jueces "contaminados"

El Gobierno ya había anunciado la posibilidad de recusar a alguno de los magistrados del sector conservador «si hay indicios de que no presentan la necesaria imparcialidad». El propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ya avanzó a finales del mes pasado los nombres de los dos magistrados. Según fuentes jurídicas citadas por Efe, el Abogado del Estado considera en su recurso que la actitud de García-Calvo y de Rodríguez-Zapata es contraria a la "necesaria imparcialidad" exigible a un magistrado y revela un "prejuicio" sobre el asunto que será objeto de deliberación.

Ambos jueces habían enviado en junio una carta a la presidenta del Constitucional en la que cuestionaban su legitimidad para continuar en el cargo y su mandato y manifestaban su "más profunda discrepancia" con la prórroga de su mandato. La misiva le llegó a María Emilia Casas antes incluso de que hubiera concluido el plazo para recurrir la reforma de la ley. El texto del PP solicitando la nulidad de los cambios se presentó algo después y contenía razonamientos casi idénticos a los que habían empleado los dos magistrados.

La recusación por parte del Ejecutivo de García Calvo y Rodríguez Zapata, además de demorar aún más la decisión final sobre la LOTC, devuelve al sector progresista el dominio del pleno. Aunque la presidencia estuviera en manos de un conservador y con ello el voto de calidad, el bloque más afín a las tesis del PSOE dominaría cualquier votación por cinco apoyos frente a tres. Sería

Es la primera vez en Democracia en la que un Gobierno recusa a un magistrado del Constitucional. El PP ya dio un paso similar durante el debate para admitir su recurso contra la reforma del Estatut. Entonces consiguió, con otra recusación, apartar al progresista Pablo Pérez Tremps de esta cuestión por considerar que no era imparcial. Dicho juez había elaborado informes jurídicos que avalaban la reforma de la normativa autonómica.