Nuria Orellana: «La situación ha pasado de preocupante a alarmante en apenas tres meses»

El Juzgado de lo Mercantil de la provincia de Cádiz es joven. Y pese a sus pocos años de edad, el trabajo se le acumula hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la memoria de 2007 presentada la semana pasada, admitió que ya haría falta un segundo órgano para atender con garantías a todo el territorio gaditano. La paradoja es que la observación del organismo superior llegó un poco antes de que se dejara notar con toda su virulencia la crisis económica en la zona y llovieran las suspensiones de pagos y quiebras empresariales, ahora conocidas y reconocidas como procesos (o concursos) concursales. Nuria Orellana, jueza decana de Cádiz y titular de lo Mercantil, analiza la delicada coyuntura.

-¿Hasta qué punto puede afectar la situación actual de la economía en la actividad judicial diaria?

-El Juzgado de lo Mercantil funciona como un barómetro en tiempos de crisis, o al menos de algunos sectores en concreto. En el caso de Cádiz, hace unos meses califiqué la situación de preocupante debido al aumento de procesos concursales. Ahora es alarmante. El número de concursos se ha incrementado notablemente, con un aumento progresivo y acusado en los últimos meses, sobre todo, en constructoras. También se han dado casos complejos, como fue el de Delphi el año pasado o el de alguna gran constructora en este primer tramo 2008.

-También está el problema añadido de que estos procesos se basan en una ley muy nueva.

-Al principio se notó cierto temor en la presentación de los procesos concursales. Ya ha desaparecido esa desconfianza y se empieza a contemplar que el concurso de acreedores puede ser una solución. De hecho, el espíritu de la Ley es que se proporcione una solución para llegar a un convenio y para reestructurar la empresa. Por desgracia, la realidad de los concursos es que la mayoría viene a la liquidación y son muy pocos los convenios alcanzados.

-Hay quien dice que estos procedimientos sirven para ganar tiempo porque evitan el pago de deudas a corto plazo.

-La ventaja que se obtiene con el concurso de acreedores, además de evitar la responsabilidad de los administradores, es que se paralizan las ejecuciones. La Ley Concursal pretende la satisfacción de los acreedores, pero también la reestructuración de la empresa y mantener la estabilidad del empleo. Hay ocasiones en que el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (que es el concepto de insolvencia que maneja la ley) y existe falta de liquidez, pero el activo no tiene por qué ser inferior al pasivo necesariamente. También se puede llegar a un acuerdo con los acreedores, que puede consistir, bien en el aplazamiento en el pago de los créditos, bien en una rebaja de los mismos, para lograr salir de la crisis. Es lo que se pretendía con la nueva ley y su objetivo preferente.

-¿Se deja notar la crisis en otros procesos dependientes de su juzgado?

-Hay ocasiones en las que las empresas no recurren a los concursos, sino que directamente echan el cerrojazo y desaparecen. Y aquí lo vemos en las demandas de responsabilidad de administradores que, aunque es algo que siempre ha existido desde que se puso en marcha el juzgado, también se nota la crisis en el incremento de las mismas.

-Lo que va sumando en contra de la sobrecarga de trabajo...

- Así es. Por poner el ejemplo más general, el número de asuntos que ingresó este juzgado en todo 2007 fue de 702; en el primer trimestre ya llevamos 317, con lo que superaremos en más del 100% el módulo máximo de entrada fijado para un órgano como éste. Si con los datos del año pasado, el TSJA consideraba que era necesario un nuevo juzgado, no hace falta decir en qué situación estamos en estos momentos. Eso sí, para 2008 no hay ninguna novedad prevista, por lo que habrá que esperar.

- ¿Se trata sólo de una situación de Cádiz o es un problema general ?

-Ha ocurrido prácticamente lo mismo en todos los juzgados de lo Mercantil puros (que sólo se dedican a ello y no comparten tarea con lo civil) de Andalucía, es decir, Málaga, Sevilla y Cádiz. A todos ellos les faltan manos y se ha admitido que harían falta nuevos órganos: dos en la provincia malagueña, uno en la sevillana y otro aquí. Pero no hay nada previsto y no parece que la situación actual sea coyuntural, sino que irá a más poco a poco.

-¿En qué puede afectar esta sobrecarga de trabajo en un futuro?

-Provoca una ralentización de los asuntos, que tardarán más en señalarse. Pero pedimos no sólo la creación de más juzgados, sino más personal. Este juzgado se creó sólo con cinco funcionarios, que está bien para empezar. Ahora, además de un órgano nuevo, el que ya existe debería tener a nueve personas, además del juez y el secretario. Sin embargo, somos cinco, con tres refuerzos temporales que van cumpliendo sus contratos y no se les renueva. Porque aquí nos encontramos con otro problema añadido, y es que no hay bolsa de trabajo suficiente y las plazas se cubren con personal que viene del Servicio Andaluz de Empleo, por lo que tienen que aprender durante un tiempo, sin que reciban preparación previa. Al final, siempre nos pasa que cuando ya se han adaptado se les ha acabado el contrato y vuelta a empezar, con el consiguiente perjuicio para el correcto funcionamiento del órgano.

-En caso de que salga adelante la creación del segundo juzgado de lo Mercantil en la provincia, ¿sería más operativo centralizarlo en Cádiz o abrirlo en Jerez o Algeciras?

-No lo sé. Habría que estudiar y analizar a fondo en qué zonas se acumula más volumen de asuntos y si merece la pena repartir la carga por territorios concretos o que funcionen dos juzgados a la vez en un mismo sitio. Lo digo porque puede pasar que uno esté sobrecargado y el otro muy liberado. Algo parecido pasó hace poco en Pontevedra, donde se demandó un segundo Juzgado de lo Mercantil, que iba a tener su sede en Vigo por su alta carga de asuntos, pero al final se prefirió crear el segundo en la misma capital.