Pascual recurrirá la propuesta de sanción y seguirá con la actual uniformidad

La dirección de la empresa 'José Manuel Pascual Pascual, S.A.' anunció hoy su decisión de presentar en el plazo legal fijado las alegaciones correspondientes contra el acta de infracción de la Inspección de Trabajo de Cádiz, toda vez que quiso dejar claro que seguirán "preservando y haciendo un uso efectivo de todas las condiciones laborales sujetas a la facultad de dirección empresarial", entre las que citó la actual vestimenta.

En un comunicado, la empresa Pascual aseguró hoy que hará uso del actual ordenamiento normativo laboral, al objeto de "impedir" cualquier decisión que vaya "contra la actual uniformidad o la empresa" y en tanto "no se alcance un Plan de Igualdad" o los tribunales "pudieran quitarnos la razón".

La dirección, que mostró su pesar por la polémica suscitada por "algunos trabajadores de nuestros hospitales", consideró que el "impacto" de la misma ha podido determinar "las decisiones de la autoridad laboral", en relación a este tema.

Frente a ello, contrapuso la "tranquila, ordenada y productiva realidad laboral y social de nuestros centros que, sin embargo, no ha sido tenida en cuenta para nada por dicha autoridad --la Inspección--, ni siquiera en lo tocante a las opiniones de la representación mayoritaria de los comités de los trabajadores, que han sido ignoradas por la autoridad por poseer un valor contrario a unas decisiones tomadas desde el principio en posible concordancia con la apariencia mediática que convenía al asunto", enjuició.

Continuó que la empresa tiene un "fuerte compromiso con la justicia y el avance social", motivo por el que inició "con la representación mayoritaria de los trabajadores de los comités de empresa, que está conformada por la UGT, el Plan de Igualdad que mandata el convenio colectivo".

No obstante, puntualizó que el pretendido Plan de Igualdad debe de ir igualmente acompañado por una "idéntica exigencia de los mismos planes para todas las instituciones y para todas las empresas andaluzas, sin que pueda importar ni el tamaño, ni el carácter público o privado de las mismas a la hora de su implantación".

"Deseamos que nuestro Plan de Igualdad arranque de ahí, de un marco general de exigencia para todos, y no del imperativo de un diagnóstico parcial y sectario aplicado sólo a algunas empresas con aparentes desigualdades en alguno de los nuevos aspectos que están por desarrollarse de la Ley 3/2007", agregó la empresa en su nota.

"Defendemos ese marco de actuación como el único que puede acabar de una vez por todas con el que, sin duda, todavía es el verdadero común denominador de la desigualdad entre hombres y mujeres en la inmensa mayoría de las empresas andaluzas, el salario y el acceso a los puestos de trabajo por razón de sexo", continúa el escrito, que sostiene que en dicho marco "no nos importaría destacarnos entre las primeras empresas andaluzas y la primera en Sanidad en incorporar un Plan de Igualdad para mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales, incluyendo al sector público que todavía no ha negociado ninguno".

"Mientras tanto", insistió la empresa, "volvemos a señalar una vez más que desde el año 1997 en nuestros hospitales rige el actual uniforme para las enfermeras y las auxiliares de enfermería en su trabajo de cuidados de enfermería de las plantas y que fue elegido tras consultar entonces con los profesionales de los centros".

Así, consideró que la cuestión del uniforme "es una facultad incluida en la potestad de dirección y de control de la actividad laboral reconocida al empresario en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores y no queremos renunciar a ella".

"Tampoco compartimos la opinión del acta de la propuesta de infracción de la Inspección en relación al uso de la falda en el uniforme de trabajo del colectivo de enfermería, dado que el uso de la falda en el ambiente social en que nos desenvolvemos ni puede, ni debe considerarse discriminatorio por razón de sexo, sino que simplemente forma parte de una mera manifestación de moda o gusto", declaró por otra parte la empresa, extremo por el que negó que "con nuestra decisión patronal estemos atentando a la dignidad y al honor de las trabajadoras, ni que esa decisión suponga una discriminación adversa en las condiciones de trabajo por razón de sexo".

De igual forma, cuestionó el porqué la autoridad laboral "nunca actuó de oficio ni instada por ninguna parte a actuar por los motivos que ahora se proponen cuando durante todos estos años en muchas ocasiones nos ha visitado en su labor de inspección", por lo que "es presumiblemente conocedora de nuestra realidad física".