Los partidos catalanes buscan fórmulas para imponer sus programas al Gobierno central

Con el tablero postelectoral aún por explorar, los partidos catalanes estudian estos días la manera de rentabilizar los resultados del 9-M. El pleno desarrollo del Estatuto de autonomía; el traspaso del servicio ferroviario de Cercanías, un nuevo sistema de financiación y la revisión del modelo gestión del aeropuerto de El Prat son cuestiones capitales para la Comunidad que están sobre la mesa.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no tiene prisa en abordarlas y ya ha hecho saber al PSC que, pese a su buen resultado electoral, estos temas no son prioritarios. De momento, el Ejecutivo tripartito catalán prefiere la discreción y esperar a que el Gobierno central, aún en funciones, forme sus equipos ministeriales. Ahora bien, los catalanes no aceptarán un aplazamiento 'sine die' de estas cuestiones y ya han puesto por escrito un documento en el que detallan sus prioridades para los próximos tres años, la llamada 'hoja de ruta'.

El PSOE ha aplaudido la victoria de sus compañeros del PSC, pero ha dejado claro que no les permitirá que le marquen la agenda. Zapatero sabe que un exceso de debate catalán no le favorece en el resto de España, y se ha marcado prioridades bien distintas. La economía, el empleo y la inmigración serán temas cruciales en esta legislatura, mientras que el despliegue del Estatut -sobre el que pesan recursos sin resolver en el Tribunal Constitucional- no entra en sus planes inmediatos. Los socialistas catalanes sufren las presiones de sus socios de Gobierno de ERC e ICV para que el texto autonómico se implemente cuanto antes.

CiU, por su parte, está a la espera de alcanzar pactos postelectorales con el PSOE en Madrid. Su dirección ha fijado el 25 de marzo como fecha para iniciar las negociaciones con los socialistas. La federación nacionalista se esfuerza en Cataluña en proyectar una imagen de desapego hacia esos pactos con La Moncloa, y subraya que no tiene «ninguna obligación ni ninguna dependencia». Dicen que no les preocupa llegar a pactos con nadie, y que todo dependerá de lo que el PSOE esté dispuesto a ofrecerles.

Desgaste de CiU

La mayoría de los dirigentes de CiU coinciden en que un pacto permanente con el PSOE sin gobernar la Generalitat supondría cuatro años de desgaste electoral, y se inclinan por acuerdos concretos. Un día después del 9 de marzo, el cabeza de lista de CiU al Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ya fijaba las condiciones por las que el PSOE deberá pasar para conseguir su apoyo: despliegue del Estatut, publicación de las balanzas fiscales y reforma de la ley electoral. Al menos sobre el papel, PSC y CiU coinciden en la mayoría de sus demandas a José Luis Rodríguez Zapatero.

Mientras, los dos partidos catalanes más castigados en las últimas elecciones, ERC y ICV-EUiA, estudian constituir un grupo parlamentario conjunto. Ambos mantendrán conversaciones definitivas la semana próxima de cara a convertirse en socios en el Congreso de los Diputados, como ya lo son en el Senado y el Gobierno catalán. Aunque tras las elecciones sus líderes descartaban la alianza, ahora trabajan para sellarla.

A ese cambio de criterio ha contribuido de forma decisiva el posible pacto entre Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Coalición Canaria, que reduce el margen de maniobra de unos y otros. Uno de los más firmes defensores del pacto ha sido el coordinador general de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. Aunque con ICV y ERC no alcanzan el 5% necesario para formar grupo parlamentario, ambas formaciones dan por hecho que será posible gracias a la flexibilidad del reglamento.