El abuso de la temporalidad en el empleo cuesta a las empresas 7.500 millones

El desempleo generado por el abuso de la contratación temporal costó al sistema de protección social 7.500 millones de euros el pasado año. Estas prestaciones estuvieron financiadas en gran parte por las cotizaciones de aquellas compañías que mantienen y defienden un mercado de trabajo estable, moderno y de organización compartida con sus empleados. El dato figura en un informe del Ministerio de Trabajo, departamento que, por otro lado, advierte que no se puede utilizar el recorte de los derechos de los trabajadores para contrarrestar el frenazo económico. El secretario general de Empleo, Antonio González, que aboga por colocaciones estables, lamenta la aparición de voces que reclaman mayor desregulación, aumento de la flexibilidad en la contratación y abaratamiento del despido.

A su juicio, caminar hacia la desprotección de los trabajadores como coartada para reconducir la economía sería «una orientación totalmente equivocada». González apuesta por adaptar el modelo laboral, con miras a largo plazo, para favorecer la productividad y ahorrar recursos públicos.

Cuatro motivos

En su opinión, las políticas formativas y la implicación de los trabajadores en la actividad empresarial son prioritarias para conseguir un ámbito profesional moderno. Apunta que a mayor responsabilidad de la plantilla se obtiene mayor rendimiento. Por el contrario, si la perspectiva es de corto plazo, vía temporalidad y reducción de los costes laborales, «volveremos a errores del pasado». Para el secretario general de Empleo las condiciones de competitividad en España han cambiado tanto que una política de bajos salarios, despidos baratos y jornadas interminables «es inviable».

En primer lugar, porque el país ya no puede rivalizar en base a la remuneración de sus ocupados. «Estamos dentro del mundo desarrollado y llevar a cabo una política centrada en la reducción de costes laborales no es posible», remarca. Además, al optar por el recorte de los derechos de los trabajadores se impide el avance en investigación, desarrollo e innovación, a la vez que se bloquea la aplicación de nuevos métodos de gestión en recursos humanos.

Otra causa que «obliga a evitar el retroceso» es que no se puede despilfarrar el gasto público con enormes cantidades para el desempleo. Es preciso -insiste González-, lanzar una llamada de atención para que las empresas suscriban contratos estables, que eviten la elevada rotación en los puestos de trabajo.

Como ejemplo de la situación que es preciso corregir, el representante de Trabajo recuerda que el año 2007 se llevó 7.500 millones de euros en prestaciones de paro, pagados, en su inmensa mayoría, con las cotizaciones de compañías que creen en un mercado laboral moderno.

Poco dinero

«Un sistema basado en la temporalidad lastra la competitividad y deja poco dinero para la reinserción del desocupado, que requiere atención personalizada con reorientación de su vida profesional», expone. Por último, González argumenta que en España resulta ya inadecuado utilizar políticas de empleo perjudiciales para el trabajador porque el contexto europeo exige avanzar hacia los modelos con mercados laborales modernos.

El camino adecuado está, por tanto, muy alejado de la flexibilidad externa (entrada y salida) y cada vez más unido a la flexibilidad interna (organización en la empresa). «Es decir, que la negociación colectiva tiene que abordar jornadas adecuadas a las necesidades de empleador y empleado, herramientas modernas para la realización de la actividad, escenarios acordes con los nuevos tiempos o atención especializada a los trabajadores de más edad», concluye secretario general de Empleo.