Familia y política

EL momento político actual nos obliga a reflexionar sobre aspectos cotidianos de los ciudadanos que repercuten en su calidad de vida y en el desarrollo económico y social de España, y hacerlo desde la óptica de la familia es importante. Todos los partidos incluyen en sus programas políticas de familia que se materializan en medidas de diferente naturaleza: descansos por maternidad, ayudas por hijo o deducciones fiscales a las que se unen otras, relativas a su forma de gestión, como la propuesta de creación de un Ministerio de la Familia. Ello pone de manifiesto el interés político que ésta despierta.

Es imposible conocer a priori cuál de las iniciativas planteadas será más eficaz o cuáles serán los resultados que se derivarán de su puesta en marcha, porque muchas no están todavía suficientemente definidas. Lo que sí sabemos es que una verdadera política de familia no es un conjunto de actuaciones independientes entre sí, sino aquella que trabaja de manera coordinada desde todos los ámbitos que la afectan (vivienda, educación, fiscalidad, etc), con la finalidad de ayudarla a desempeñar eficientemente las funciones que le son propias. Esto implica respetar su papel como educadora, proveedora de servicios y cuidados materiales y afectivos, sin sustituirla en el cumplimiento de sus responsabilidades excepto cuando no pueda llevarlas a cabo.

Asimismo, para lograr los mejores resultados de cara al bienestar económico y las relaciones personales en el ámbito familiar, las medidas a adoptar deberán ser analizadas y valoradas a la luz de los objetivos que persiguen, teniendo en cuenta las razones que las justifican. No puede darse por válida cualquier política que lleve el apellido 'familia', aunque vaya explícitamente dirigida a ésta, ya que puede producir efectos perversos como se ha podido comprobar con la puesta en marcha de ciertas iniciativas en otros países de la Unión Europea. Por ello, tres son, a mi juicio, los objetivos prioritarios que podrían asignarse a las políticas de familia en la actualidad.

En primer lugar, el Estado debe intervenir para ayudar a las familias a alcanzar la conciliación de la vida familiar y laboral. Las estadísticas muestran que los países con tasas de actividad femenina más altas -Francia, por ejemplo- son también los que tienen la natalidad más elevada, consecuencia al menos en parte de la puesta en marcha de medidas de conciliación eficientes. Su desarrollo puede dar solución a dos de los principales problemas de nuestra economía. Primero, el envejecimiento de la población, que de no modificarse hará inviable el actual modelo de protección social e insostenible, en el futuro, el pago de las pensiones; al tiempo que permitirá el crecimiento de la actividad laboral de las mujeres, reduciendo su riesgo de pobreza.

Pero dicha conciliación exige corresponsabilidad. No se trata de poner en marcha políticas activas laborales ni políticas de mujer, ya que tampoco su objetivo es la creación de empleo, aunque éste se generaría de manera indirecta. Se trata de ayudar hombres y mujeres a compaginar el tiempo entre su trabajo y sus responsabilidades familiares. Cada vez son más las familias de doble ingreso que se ven obligadas a renunciar a tener hijos ante las dificultades de conciliación, viéndose forzadas en otros casos a abandonar su puesto de trabajo para cuidarlos. Es ineludible la creación de una mayor oferta de servicios para el cuidado de los menores, pero la solución no es dejar a niños y ancianos al cuidado de instituciones en todos los casos.

Para obtener resultados positivos, el aumento de guarderías debería ir acompañado de una mejora de los servicios de ayuda a domicilio, además de una mayor flexibilidad laboral tanto en el tiempo como en el espacio. Conciliar es ayudar al equilibrio entre el tiempo dedicado a la vida familiar y al trabajo, facilitando una mayor presencia de los padres en el hogar, indispensable para su estabilidad emocional, realización personal y la enseñanza de conductas cívicas sanas a los hijos. De esta forma, las funciones que desempeña no necesitarán ser trasladadas a las instituciones, con el consiguiente ahorro de recursos para el sector público.

El segundo objetivo debería ser el apoyo a las familias con menor nivel de renta y con riesgo de exclusión social. Es una realidad la existencia de situaciones familiares con características que las convierten en más vulnerables, afectando a la calidad de vida de sus miembros, especialmente de los mas débiles, y con consecuencias negativas para toda la sociedad. Dichas situaciones exigen una atención especial de los poderes públicos, que pasan por la realización de programas de diferente naturaleza destinados a la acogida a inmigrantes, la formación para prevenir drogodependencias y las ayudas para favorecer una convivencia normalizada en caso de violencia, entre otras.

Por último, las políticas de familia deberían materializarse en actuaciones dirigidas a ayudarlas a disfrutar de una vida digna, que les permita la libre elección del número de hijos, cuidado y educación, teniendo además en cuenta que aportan el capital humano necesario para que nuestra sociedad tenga futuro. La familia constituye el agente principal y primario en el proceso educativo, y colabora con otras instituciones que complementan su función. Por ello se deberá promover su mejor desempeño mediante el fomento de la asunción de responsabilidades de los padres, la puesta en marcha de actuaciones de formación e información que favorezcan e incentiven su participación en la escuela, y la elaboración de leyes educativas eficaces.

Los gobernantes deben dejar a la familia fuera del debate ideológico e incorporarla al debate económico y social. La necesidad de arbitrar políticas de apoyo a la familia no reside en circunstancias coyunturales, sino que existen argumentos sólidos que la avalan. Y ahora es el momento oportuno de reclamar a nuestros políticos una auténtica atención a la familia, reconociéndola como institución insustituible para el crecimiento personal pero también para la estabilidad y progreso de la sociedad.