La Fiscalía consigue base suficiente para pedir ya la ilegalización del PCTV y ANV

La Fiscalía General del Estado prepara ya la demanda de ilegalización contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), que estará lista para presentar ante el Tribunal Supremo el próximo viernes. A lo largo de la próxima semana, una vez que sus técnicos analicen los últimos informes policiales, hará lo propio con Acción Nacionalista Vasca (ANV). La hoja de ruta para impedir que estas dos formaciones participen en el próximo proceso electoral ya está diseñada. La Fiscalía, según fuentes de este departamento, tiene el convencimiento de que los informes de la Policía y la Guardia Civil han proporcionado ya «base suficiente» para demostrar al Supremo que ambos partidos se han puesto al servicio y a las órdenes de Batasuna para burlar su ilegalización y garantizar la presencia de ETA en las instituciones y en la vida política y social.

La planificación diseñada por el Ministerio Público, a la que posiblemente se sumará el Gobierno a través de la Abogacía del Estado, persigue que en los dos próximos meses, tras una actuación combinada y en paralelo del Alto Tribunal y de la Audiencia Nacional, el PCTV y ANV no puedan concurrir a las elecciones generales del 9 de marzo y que, en pocas semanas, quede suspendida y prohibida toda actividad política y pública de ambas formaciones.

La cuenta atrás comenzará el viernes. Ese día los responsables de la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ya habrán concluido la demanda para solicitar a la Sala Especial la ilegalización del PCTV, partido que recibió el apoyo electoral de la base social de Batasuna en 2005 y que cuenta con siete diputados en el Parlamento vasco. La cúpula fiscal aún no ha decidido si será una demanda de ilegalización en sentido estricto, como la que en 2003 terminó con la proscripción de Batasuna tras un proceso de siete meses, o si será un incidente de ejecución de sentencia para extender al partido bajo sospecha la ilegalización impuesta a la coalición abertzale, de la que sería heredera, pantalla o formación satélite. El resultado en uno y otro caso es el mismo: la ilegalización en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Partidos Políticos. La única diferencia son los plazos. La demanda es un proceso largo, que requiere un juicio público, y el incidente de ejecución podría solventarse con sentencia en pocas semanas.

Exclusión cautelar

Ante la posibilidad de que pudiera llegarse al día de las elecciones generales sin una sentencia, la Fiscalía pedirá al Supremo desde el arranque del proceso que suspenda de forma cautelar todas las actividades del partido demandado. Este modelo se repetirá punto por punto contra ANV a partir del 25 enero. El Ministerio Público calcula que ese día ya habrá analizado todos los informes policiales.

La segunda etapa de la hoja de ruta es la intervención en paralelo de la Audiencia Nacional. Una vez que las demandas estén en el Supremo y Baltasar Garzón tenga en su juzgado todos los informes policiales, la Fiscalía solicitará al magistrado de forma sucesiva la suspensión de actividades de ambos partidos en el marco de las causas penales que tiene abiertas contra sus dirigentes por delitos de terrorismo.