Venezuela anuncia la «suspensión definitiva» de los debates sobre la reforma constitucional

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano ha anunciado hoy la "suspensión definitiva" de los debates sobre la reforma constitucional, que el organismo había anunciado como parte de la campaña para el referendo popular del próximo 2 de diciembre.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ha explicado en una breve rueda de prensa que se ha decidido la "suspensión definitiva de los debates" dada la cantidad de actividades previstas del organismo para al referendo sobre la reforma constitucional.

Otro directivo electoral, Vicente Díaz, ha afirmado por su parte que la decisión ha sido tomada porque el llamado 'bloque del sí', que apoya la reforma, "no se presentó" en las reuniones preparatorias prevista por el organismo de comicios.

Los debates públicos entre los defensores y detractores de la reforma, que no han llegado a celebrarse, fueron anunciados por Lucena el pasado 2 de noviembre, cuando fue convocada la consulta popular, como parte de la campaña institucional de difusión del proyecto impulsado por el Gobierno.

Reforma de 33 artículos

El pasado 15 de agosto, Chávez presentó un proyecto de reforma de 33 artículos ante el Parlamento, de 167 miembros -todos oficialistas debido a un boicot opositor en las elecciones de 2005- y los diputados le agregaron 36 artículos más, lo que la oposición ha calificado de "ilegal".

Chávez y sus aliados defienden los cambios constitucionales con el argumento de que darán "más poder al pueblo" y reforzará el proyecto "revolucionario" de instaurar el sistema socialista, el "único camino a la paz y la justicia".

Partidos políticos de oposición, la cúpula empresarial y el Episcopado la rechazan por considerar que "acaba con la democracia", otorga poderes "imperiales" a Chávez y le "eterniza" en el poder. La propuesta de reforma incluye la reelección indefinida presidencial y la posibilidad de que el Estado restrinja la información y suspenda el derecho al debido proceso durante los estados de excepción.

El proyecto de reforma establece además un nuevo ordenamiento territorial, una reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas, y nuevas formas de propiedad, como la comunal, además de la privada, entre otros.