La reforma hipotecaria defrauda a los usuarios por la falta de medidas para abaratar gastos

El Gobierno aceptó ayer crear nuevas ventajas fiscales para las hipotecas inversas, dirigidas a jubilados y personas dependientes, a fin de compensar el recorte de otros beneficios impositivos de hasta 3.000 euros por crédito suscrito para la compra de vivienda. Con esta medida, logró un respaldo mayoritario a su reforma de la ley hipotecaria, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados y será estudiada la semana próxima por el Senado. No obstante, persisten algunas críticas de la oposición, sobre todo desde IU-ICV, cuyos dirigentes están dolidos porque no se ha contado con la coalición para dotar al texto de «un verdadero contenido social», con actuaciones como la regulación legal del sobreendeudamiento de las familias.

Estas críticas son compartidas por los consumidores que consideran insuficiente y «un auténtico bluff» las medidas que incorpora una reforma que había sido anunciada como el primer gran instrumento para ayudar al ciudadano en el pago de una vivienda cada vez más cara.

Tras la paralización que sufrieron los trabajos del proyecto por culpa del parón veraniego -que en el Parlamento suspende gran parte de la actividad durante más de dos meses-, la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja se reunió para analizar la ponencia de la ley y, una vez votados los cambios pertinentes, ratificarla con competencia legislativa plena sin necesidad de que tuviera que pasar por el Pleno.

La principal duda recaía en conocer si PP y CiU lograrían que el Ejecutivo volviera a su idea inicial de modificar la base de cálculo del impuesto de actos jurídicos documentados, que grava las transacciones inmobiliarias y es una de las principales fuentes de ingresos de las comunidades autónomas. Pero no lo consiguieron.

Según el primer anteproyecto, a la hora de cuantificar el importe de ese gravamen sólo se tendría en cuenta el volumen de capital prestado por la entidad financiera. Ello significaría un ahorro de unos 1.125 euros en una hipoteca tipo (de unos 150.000 euros de importe, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística sobre la media nacional), que incluso podría llegar a los 3.000 euros en algunas capitales de provincia como Madrid. El pagano de esta medida no sería el Estado, sino las comunidades -ya que se trata de un tributo transferido a ellas-- que, según explicó este martes el portavoz del PSOE en la citada comisión, Ricard Torres, dejarían de ingresar unos 1.000 millones, «incluidas las gobernadas por el PP», apostilló.

Presiones

Por este motivo, presionado por los propios responsables autonómicos, el Gobierno cambió de idea en el proyecto e introdujo un nuevo concepto, la «responsabilidad hipotecaria», que encarece el pago del impuesto y los vincula a conceptos aleatorios como la evolución de los intereses, de modo que en la medida que estos suban también se incrementará la recaudación tributaria. PP y CiU no lograron más apoyos para recuperar la redacción inicial de la reforma pero, en cambio, sí pactaron varias enmiendas con el PSOE que, entre otras cosas, permitirán que quienes suscriban una hipoteca inversa y dirigen parte de las rentas que reciban a un plan de pensiones puedan reducir su base imponible en el impuesto de la renta (IRPF).

«Un primer paso»

Para CiU, no obstante, se trata sólo de «un primer paso» para que en un futuro próximo se pueda «entrar de lleno» en el análisis de todas las ventajas tributarias que deben acompañar la hipoteca inversa, «si es que realmente se quiere que sirva de vehículo para asegurar la supervivencia económica de miles de jubilados». Este producto financiero, reforzado por la última reforma del IRPF, permite convertir en «líquido» el valor de una casa ya pagada, de manera que ese importe se percibiría de una sola vez o por rentas periódicas como un complemento de la pensión. Además, y aunque el dinero se acabara, el suscriptor (mayor de 65 años o persona dependiente) podría quedarse en la vivienda hasta su fallecimiento.

Sólo algunos casos

Otro de los cambios introducidos en el proyecto a su paso por el Congreso afecta a las comisiones, en concreto, a las que se cargan por la amortización anticipada del capital del préstamo. A partir de la entrada en vigor de la reforma hipotecaria (que se prevé para mediados de noviembre y que sólo afectará a los préstamos firmados a partir de esa fecha), dicha penalización será del 0,25% siempre que el pago del crédito se produzca, al menos, cinco años después de su firma. Para el resto de cancelaciones anticipadas, la comisión máxima se reduce del 1% al 0,5%, y lo mismo ocurrirá con una subrogación (o cancelación) en las hipotecas a tipo variable -en la actualidad, nueve de cada diez-.

Los consumidores han recibido la reforma con bastante desaliento, teniendo en cuenta que no afectará a los colectivos que generan más preocupación: las familias con un nivel de endeudamiento importante y las personas que aún no han contratado una hipoteca por carecer de unos ingresos que les garanticen afrontar la deuda sin asfixias.

Promesas incumplidas

En esta línea de crítica hacia la ley impulsada por el Gobierno se mostraba ayer el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. «Esta reforma no introduce grandes novedades en el sector y deja fuera pronunciamientos del PSOE cuando éste se encontraba en la oposición». El representante de los consumidores se refiere a paquetes de medidas para proteger a las familias que no pueden hacer frente a su hipoteca, «no porque se hayan gastado el dinero en otras cosas sino porque las subidas de los intereses les impide seguir con los pagos»; o la eliminación «total» de las comisiones bancarias por subrogación o cancelación. «No le han metido mano a la banca y establecen porcentajes máximos del 0,5% y del 0,25% cuando ya hay entidades que ofrecen estas comisiones sin necesidad de que una ley se los diga», explicaba Rubén Sánchez.

Esa anulación de las comisiones permitiría, según los consumidores, «aumentar la competencia entre los bancos para captar clientes y, por tanto, ofrecer mejores productos». La reforma tampoco introduce medidas que pongan topes en las comisiones bancarias y en los gastos notariales para los clientes que firmen una hipoteca nueva.

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