La revisión de las ejecuciones por inyección letal detiene la muerte de dos presos en Texas

La primera víctima de esta terquedad fue Michael Richard, un hombre que llevaba veinte años en el corredor de la muerte. Tan pronto como el 24 de septiembre se conoció la decisión del Supremo, sus abogados prepararon la apelación a todo correr, convencidos de que si el tribunal quería estudiar la viabilidad de la inyección letal no permitiría que nadie la aplicase hasta que haya tomado una decisión. Todos los expertos compartían esa idea, por eso sorprendió que el máximo órgano rechazase la petición. La culpa resultó ser de lo que los apesadumbrados abogados llamaron «una inusual concatenación de problemas de procedimiento».

Un apagón de luz en las oficinas de los Servicios del Defensor de Texas les hizo perder el documento que preparaban en el ordenador y, aunque volvieron a reproducirlo, llegaron veinte minutos tarde a la Corte de Apelaciones Criminales de Austin, sin cuyo sello el Supremo no la aceptó.

Horas después expiraba Richard, de 49 años, el preso número veintiséis que Texas ha ejecutado este año, y probablemente el último. Con más tiempo por delante, los abogados de Carlton Turner se aseguraron de que su apelación llegara el jueves al Supremo con todos los sellos necesarios. Y esta vez sí, aunque fuese de infarto, la corte ordenó detener la ejecución, minutos antes de la medianoche. Aclarada la confusión inicial, la señal era inequívoca. Alabama anunció una moratoria ese mismo día, pero Texas, desafiante, prometió seguir adelante con el calendario de la muerte. «Para nosotros no ha cambiado nada. Seguiremos aplicando nuestra interpretación de la ley», espetó el gobernador, Rick Perry.

El Tribunal de Apelaciones Criminales del estado que gobernó George W. Bush ha demostrado ser menos testarudo al aplicar las señales y pronunciarse ayer en una ajustada decisión de 5 a 4 para que se posponga la muerte del hondureño que mató al dependiente de una tienda de ropa para hombres durante un atraco a mano armada. En treinta días la Fiscalía deberá explicar por qué se debe seguir adelante con su ejecución si aún no se ha pronunciado el Supremo.

Periodo de calma

«Creo que Texas está a punto de doblar la esquina», declaró la profesora de leyes Deborah Denno al diario The New York Times. En su blog, su colega Douglas Berman predecía que no habrá más ejecuciones en EE. UU. en un plazo de nueve a 18 meses.

Puede que sea sólo una prórroga para los 407 presos que esperan turno en Texas, porque lo que está en juego no es la legalidad de la pena de muerte, y ni siquiera de las inyecciones letales, sino la del cóctel de tres ingredientes con que se ejecuta a los presos. Los expertos creen que incluso si el Supremo da la razón a quienes piensan que provoca un sufrimiento innecesario, sólo resultará en la búsqueda de una nueva fórmula.

La que se usa actualmente en Texas contiene cinco gramos de tiopental de sodio para dejar inconsciente al sujeto, entre cincuenta y cien de bromidio de pacuronium para detener su respiración, y la misma cantidad de clorídrico potásico para provocar un paro cardiaco. En algunos casos el tiopental de sodio no ha logrado su objetivo anestésico, e incluso hay reos que han tardado hasta 34 minutos en morir.