Hipotecas y lágrimas

Todos los meses miles de familias no solo resultan desalojadas de sus casas «sin la menor consideración» (así rezan a veces los autos de lanzamiento) sino que además les embargan todos sus bienes. Otras tantas han de soportar un nivel de vida próximo a la miseria por las altas cuotas que deben abonar para no resultar «lanzados» de sus domicilios. La legislación española, contrariamente a la de los restantes países, permite que el deudor responda no sólo con el bien hipotecado sino con todo su patrimonio. Agravan el drama las tasaciones de inmuebles muy por encima de su valor de mercado, así como los desmesurados intereses por mora.

La aritmética lo explica mejor: imaginen una casa cuyo valor de mercado es de 100.000€ pero el tasador que impone el banco firma que vale 200.000€, el préstamo puede llegar al 80% de la valoración: 160.000€. En caso de impago, los intereses incluyendo mora, penalizaciones y gastos casi duplican lo prestado. Y el ciudadano se encuentra sin techo y con una deuda de 320.000€. Y de esto se entera cuando la tragedia es imparable, porque forma parte de la «letra pequeña», flagrante incumplimiento del principio jurídico según el cual la validez de un contrato exige igualdad entre las partes.

Además del sufrimiento producido, sus efectos son devastadores para la economía, aniquilando el poder adquisitivo de multitud de consumidores, tanto de los embargados como de aquellos cuyos ingresos se dedican a pagar cuotas hipotecarias injustificadamente muy elevadas . La codicia usurera se vuelve contra la propia Banca ya que así resta tanto clientela como nivel de negocio: la avaricia rompe el saco. Allá ellos pero no cabe duda que tamaño drama social trasciende la torpeza del poder financiero y exige la intervención de las Administraciones Públicas, no sólo en cumplimiento del mandato constitucional de protección al débil y de los más elementales principios de justicia social; sino y sobre todo por respeto a la concepción moderna de los derechos humanos sin la cual no podemos hablar de sociedad democrática. De entrada, el poder judicial debiera controlar: las falsas tasaciones, las condiciones abusivas de los contratos hipotecarios y los intereses de mora desmesurados. Afortunadamente ya algunos jueces han puesto freno a la agresividad de los cobradores togados de la Banca, por algo se empieza, el siguiente pasoha de ser la reforma de la Ley Hipotecaria tal como claman los juristas más sensatos, de manera que se considere como bien jurídico a proteger el derecho de hombres y mujeres a una vida y a una vivienda dignas.