Todos los caminos no conducen a Alhendín

Quién le iba a decir a Antonio Jesús Verdú, alcalde de Vejer de la Frontera, que en plena crisis del ladrillo, una empresa andaluza iba a retomar el proyecto de macro-hotel junto a la playa de El Palmar, abandonado en su día por la cadena Riera Marsá?

La promotora inmobiliaria Chival SL ha asumido ahora esta iniciativa, cuyo planeamiento ya contaba con el visto bueno de la Junta de Andalucía a través del plan parcial de la zona de Marcucaña: bah, unas cuantas casitas bajas, viene a decir el regidor vejeriego frente a las protestas a miles contra un proyecto que, en su día, también incluyó un campo de golf en el término de Conil de la Frontera, que el Ayuntamiento conileño terminó por rechazar y que tampoco desarrollará Vejer.

Seguro que saldrá adelante: con todas las bendiciones de la ley, incluyendo la de Costas, difícilmente un botín de estas características ha tenido en cuenta la poesía y los sentimientos. En cualquier caso, mucho ojo con el medio ambiente; pero también con Alhendín, bonita localidad granadina donde un escándalo urbanístico empaña la buena imagen de los empresarios Juan y Leocadio Tamara Muñoz, dos hermanos que controlan la mayor parte de las acciones del grupo Tarje, a partir de una constructora fundada en 1964 y de cuyo saneado holding también forma parte ahora la promotora que alienta el nuevo hotel gaditano.

Tarje ya cuenta con oficinas en El Puerto de Santa María y en el Campo de Gibraltar donde construye un centro comercial en Sotogrande en cuyas obras falleció un capataz hace un año. Por el momento, ya ha entregado un aval de 180.000 euros para la construcción de este nuevo complejo hotelero con 680 habitaciones junto a la última playa virgen de la provincia: un litoral en donde, a pesar de la recesión, se multiplican los proyectos urbanísticos desde este enclave a Los Lances en Tarifa.

Hoy por hoy, el grupo Tarje está compuesto por las sociedades Tarol SA, Tarje SA, Constructora Tres-Trar SA, Tamal SA -dedicada a la maquinaria de construcción, Tinol SA -empresa de gestión administrativa- y la promotora Chival SL. Pero al margen de algunas de sus relaciones personales que no vienen necesariamente al caso, como el hecho de que uno de ellos esté casado con la periodista Ana Rosa Quintana, el nombre de los hermanos Muñoz Tamara, sus principales propietarios, saltó a las primeras planas hace un par de años en Granada. Ambos aparecen imputados en una relación de quince personas a quienes se acusan distintos niveles de complicidad en un caso de corrupción urbanística localizada en Alhendín, un supuesto que se investiga desde 2007. En líneas generales y a partir de la instrucción judicial, el Ministerio Fiscal acusa a los constructores de lograr con malas artes la construcción del parque municipal de la plaza de España en la citada población. El asunto ya le costó la cabeza política al ex alcalde José Guerrero y al antiguo concejal de Urbanismo, Manuel Fernández.

Los indicios que fundamentan la acusación se sustentan en escuchas telefónicas que vendrían a demostrar que Fernández habría aceptado la propuesta de Fernando y Juan Leocadio Muñoz Tamara para adecuar las clasificaciones exigidas en el concurso a las que reunía específicamente Tarje SA para asegurarse así la presencia de esta empresa en la mesa de contratación, recortando además un 5% el presupuesto de la obra al objeto de hacerla menos apetecible a las otras empresas. A lo largo de las diligencias se llega a hablar de cobros en B, pero a ver qué ocurre a la hora de la verdad de los banquillos.

Tal y como suele ocurrir en estos casos, lo mismo se invalidan las escuchas y vaya usted a saber qué pasa con todo este asunto que implica a otras dos empresas ajenas a este grupo: los delitos de cuello blanco suelen enconarse a la hora de demostrarlos.

Sin salir de dicha población granadina, la oposición socialista señala a los empresarios en otros trapicheos urbanísticos de dudosa transparencia y que se relacionan con el Polígono Industrial Marchalhendin y la Urbanización Novosur.

Pero también son conocidos por prácticas un tanto intrépidas en la provincia de Cádiz. Otra empresa que no forma parte del grupo Tarje, Bahía Luz, tiene a Juan Leocadio Muñoz Tamara como representante y se ha visto implicada en San Roque en un caso de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación con la urbanización del parque Arroyo de Madre Vieja, en un escándalo que salpicó a la anterior alcaldía socialista, a la empresa municipal Emroque y a esta otra sociedad a la que también alcanza la sombra de El Palmar. Aunque todos los caminos no siempre conduzcan a Alhendín. En el estado de derecho, siempre nos quedará París. Y la presunción de inocencia. La misma inocencia que el alcalde Antonio Jesús Verdú, al frente de un ayuntamiento tan canino como tantos, imputaba a los detractores del proyecto.