El alcalde José María González con todo su equipo de Gobierno
El alcalde José María González con todo su equipo de Gobierno - a. v.
economía municipal

El equipo de Gobierno echa el resto en una puesta en escena con víctimas y verdugos

El Ayuntamiento de Cádiz acusa a Hacienda de «chantaje» tras recibir la advertencia de la retención de las PIE si no se paga en plazo a los proveedores

antonio m. de la vega
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Con una puesta en escena sumamente cuidada, casi como si estuvieran posando para ser retratados, aparecieron este jueves en el despacho de Alcaldía los miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, casi todos, nueve de diez, con el retrato de Salvochea sobre ellos. Caras circunspectas, gestos solemnes, discursos apocalípticos: «No pueden obligar a los gaditanos a ponerse de rodillas», «quieren empujarnos al abismo», «le decimos a Montoro que la ciudad de Cádiz no se gobierna desde su despacho, sino desde San Juan de Dios».

Lo cierto es que ayer los responsables municipales transmitieron un mensaje muy negativo. Se situaron como víctimas frente a otra administración, en este caso la central, a la que acusaron de querer tomar a los gaditanos «como rehenes en un escenario preelectoral».

Todo después de que el Ayuntamiento recibiera la pasada semana la carta en la que el Ministerio de Economía y Hacienda le advierte de que por el «sucesivo incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores» podría darse lo que el alcalde definió como una «intervención» de las arcas municipales, que se traduciría en que el Gobierno podría proceder a la retención de recursos derivados de la participación en tributos del Estado (la tan nombrada PIE) para satisfacer las obligaciones pendientes de pago de la Corporación local con sus proveedores.

Ante esta situación el equipo de Gobierno quiso mostrar ayer su «más firme rechazo ante lo que entendemos una agresión, un chantaje al Ayuntamiento de Cádiz y a los gaditanos».

El alcalde de la ciudad, José María González, describió como «intolerable» esta advertencia del Gobierno Central con la que considera «que el PP intenta sumir al Ayuntamiento a un abismo». El concejal de Hacienda, David Navarro, se quejó de que es la primera vez desde que en enero de 2013 se estableciera que el plazo máximo de pago a proveedores era de 60 días, que el Ayuntamiento recibe esta carta «a pesar de que este plazo nunca se ha cumplido», afirmó.

El nuevo equipo de Gobierno acusó al PP de Madrid de querer hacerle pagar que el PP de Cádiz «ha estado gastando por encima de sus posibilidades y aún se fueron y no pagaron la cuenta».

El equipo de Gobierno anunció, por un lado, que pedirá la implicación directa de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la búsqueda de una solución. Además, solicitará al Ministerio de Economía y Hacienda la constitución de una mesa de diálogo para la racionalización de la situación económica de las arcas municipales y, por otro lado, iniciará una campaña con la que pretende informar a los gaditanos de las causas de la deuda.

En el equipo de Gobierno ven una maniobra política detrás de esta advertencia del Ministerio que, no obstante, no es algo que pasa solo en el caso del Ayuntamiento de Cádiz, sino que es una medida de presión que se ha establecido para todos los ayuntamientos del país que estén incumpliendo la normativa sobre morosidad.

Así, mientras el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Martín Vila, hablaba este jueves de «palos en las ruedas» por parte del Gobierno del PP, que «no ha asumido el cambio», el anterior responsable municipal de Hacienda y senador, José Blas Fernández, aseguraba que esta carta supone un cambio en el trámite, pero que no es nuevo que el Ayuntamiento de Cádiz, como otros muchos en todo el país, reciba el aviso de que hay que ceñirse a los periodos de pago a proveedores establecidos por ley.

La diferencia, según explica, es que otros años la solución se ha encontrado de común acuerdo, con la propuesta de medidas de mejora, como la refinanciación de la deuda a crédito cero del pasado año. Fue en septiembre de este año cuando se acordó la posible retención de la PIE. No para Cádiz, sino para todos los ayuntamientos incumplidores.

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