El Ayuntamiento de Cádiz reprueba a Rodríguez de Castro, pero no a Osuna por la gestión en la Zona Franca

La guerra judicial de la Zona Franca ha ocupado hoy una parte importante del Pleno municipal de Cádiz con dos propuestas de reprobación, una de ellas presentada por la vía de urgencia, que han partido del grupo socialista. Su portavoz municipal, Fran González, ha exigido conocer la posición tanto de la alcaldesa, Teófila Martínez, como del propio Partido Popular sobre la gestión de ambos exdelegados del Consorcio, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna que se han visto implicados en el caso 'Rilco'. El Pleno ha aprobado por unanimidad reprobar al primero, pero no al segundo, tras haber sido absuelto por el Supremo y no tener aún ninguna condena en firme.

La primera fue presentada antes de que se conociera la sentencia absolutoria de este último, que ha anunciado querellas contra todos aquellos que hayan puesto en duda su honor.

González ha aludido a las críticas que recoge la propia sentencia absolutoria del Tribunal Supremo sobre la gestión que califica de «negligente», así como la condena que emitió el Tribunal de Cuentas y que le obliga a devolver 2,4 millones de euros.

El portavoz de IU, Martín Vila, también ha reforzado la petición de los socialistas y ha exigido explicaciones sobre la situación procesal de ambos dirigentes, que en el primer caso ha derivado en una defensa, precisamente porque uno de los fallos judiciales es absolutorio y el otro no es firme. El concejal popular Ignacio Romaní, como portavoz de su grupo, ha sido el ha tomado la palabra para responder a la insistencia de la bancada contraria y ha pedido «absoluto respeto» por los procesos que aún siguen abierto, tras advertir de que «el señor Osuna ha anunciado querellas contra todo aquel que haya atentado contra su honor». Asimismo, ha recordado que «han sido muchos miembros del PSOE los que lo han hecho antes de conocer el fallo judicial».

En lo que toca Manuel Rodríguez de Castro, que fue el antecesor de Miguel Osuna, Romaní ha destacado que «está condenado en firme y le decimos lo mismo que a todo aquel que se encuentra en esa situación, que cumpla con la justicia». También se ha esforzado en recordar que «fue precisamente el PP el que llevó su asunto ante los tribunales, pero no he visto que ninguno del PSOE haya llevado ante la justicia asuntos como los ERE o el fraude de los cursos de formación».

Por su parte, la alcaldesa Teófila Martínez, a la que estaban dirigidas de forma más directa ambas propuestas de reprobación por su responsabilidad como presidenta del Consorcio ha explicado que «ese cargo no es de carácter ejecutivo», con lo que no puede tomar decisiones ni tiene capacidad de votación en el Pleno de la Zona Franca. También ha recordado que todas las iniciativas que se aprueban en ese plenario estaban avaladas por informes de los asesores jurídicos del Consorcio y la empresa externa Deloitte. Y ya a título personal, ha dijo sentirse «muy tranquila» porque nadie «le ha requerido nada desde el punto de vista de la justicia».