El contrabando de tabaco en Gibraltar causó un perjuicio a la UE de 700 millones desde 2010

El informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) remitido a España y Reino Unido asegura que el contrabando de tabaco en Gibraltar y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad causaron un perjuicio de unos 700 millones de euros a los estados de la Unión Europea entre los años 2010 y 2013.

Esta es la tesis central con la que trabaja la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya ha abierto diligencias informativas para conocer los pormenores de este denso informe de cerca de 400 folios, que detalla las prácticas de una serie de empresas y sociedades establecidas en el Peñón que se lucraron con esta actividad ilícita. Según fuentes del Ministerio Público, el daño a las arcas de los estados de la Unión Europea, no solo a España, se debe a las cargas impositivas y aduaneras que se habrían dejado de percibir en estas transacciones y la caída de las ventas que el tabaco de contrabando ha provocado en los establecimientos con licencia.

Por poner un ejemplo, en la Línea de la Concepción, población aledaña a Gibraltar, existen tres estancos para 65.000 habitantes y la Asociación Provincial Autónoma de Expendedores de Tabaco y Timbres de Cádiz, que califica el contrabando de «poderoso enemigo» de los estanqueros, cifra en un 50% la reducción de ventas de tabaco en comarcas como el Campo de Gibraltar o Jerez en los últimos años.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que firmó ayer el decreto de incoación de diligencias informativas que da inicio a la investigación, designará en las próximas semanas a un fiscal instructor, que decidirá si presenta una denuncia o querella por estos hechos ante uno de los seis jueces instructores de la Audiencia. En cualquier caso, la instrucción del fiscal podría durar hasta seis meses prorrogables y realizar las diligencias que estime oportunas.

Perseguir el blanqueo

La competencia de la Audiencia Nacional se ampara en la tipificación de los delitos cometidos por españoles en el extranjero, que corresponde investigar a este tribunal en virtud del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que se trata de un fraude que puede producir «grave repercusión en la economía nacional».

Como novedad, el Código Penal permite para el delito de blanqueo una excepción al principio de territorialidad, por cuanto las autoridades gibraltareñas tienen el deber de colaborar con la justicia española en el probable caso de que no investiguen el contrabando de tabaco. Así, éstos podrían solicitar información a los bancos gibraltareños pese al secreto bancario, reclamar declaraciones, arrestos e incluso la entrega de ciudadanos residentes al otro lado de la Verja, según la convención de extradición de la UE y la Orden Europea de Detención, salvo que los implicados aleguen que tienen abierta una investigación por los mismos hechos y demuestren que es real.

El Gobierno tiene sospechas de que hay empresas tabaqueras que están facilitando esta compraventa. En mayo España se adhirió al Protocolo contra el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, puesto en marcha por la ONU, y Hacienda puso el foco en los movimientos de compañías como H. Van Landewyck, un fabricante de Luxemburgo que produce enseñas como Elyxir, Austin o Ducal; la griega Karelia Tobacco, dueña de American Legend, y la chipriota Explosal Ltd, propietaria de Raquel, entre otras.

Estas tres compañías suman una cuota de mercado del 36% entre las cajetillas sin precinto fiscal, es decir, aquellas que proceden del tráfico ilícito, o las que han sido introducidas de forma legal desde otros países.