Alaya eleva a 51,5 millones los corretajes indebidos de los ERE

Nueva jornada maratoniana en la Audiencia de Sevilla, donde la jueza Mercedes Alaya interrogó desde mediodía y hasta las nueve de la noche a José González Mata, propietario de la aseguradora Uniter, por su implicación en el caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

González Mata, propietario de la empresa radicada en Jerez de la Frontera, era el último de los nombres de la 'Operación Heracles', llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado mes de marzo, a los que quedaba por tomar declaración.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla le considera pieza destacada en la trama de «sobrecomisiones», cantidades abusivas cobradas por encima de los precios de mercado. Además, la empresa de González Mata está considerada en esta fase de la investigación como la aseguradora que sustituyó a Vitalia en la tramitación de los ERE.

Alaya, que comenzó la vista con hora y media de retraso sobre el horario previsto, leyó a González Mata los treinta folios de acusación, que elevan su imputación a ocho delitos, dos más de los inicialmente previstos en el atestado de la Guardia Civil. Se trata de prevaricación, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública, según informaron abogados personados en la causa, en un receso realizado sobre la una de la tarde.

La principal novedad de la mañana consistió en la consideración de la magistrada de que todos los corretajes pagados por la Junta de Andalucía son indebidos, a tenor de la norma decretada por la Dirección General de Seguros de la Junta, que estableció que para contratar con la Administración no es preciso utilizar intermediarios.

Corretajes indebidos

De este modo, Alaya considera que todas las comisiones cobradas por las mediadoras, que cifra en 51,5 millones de euros, han sido irregulares.

Según fuentes del caso, de esta cantidad Uniter habría percibido 20 millones de euros en sobrecomisiones. La 'minuta' por el ERE de la empresa gaditana Delphi se calcula en 6 millones de euros y 4,5 millones los percibidos por el de la Faja Pirítica de Huelva.

González Mata está acusado también de siete intrusos, uno de ellos en el ERE de Calderinox, cinco en la Faja Pirítica de Huelva y la inclusión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en la póliza de González Byass. Fernández, también imputado en la trama, trabajó en la empresa bodeguera entre 1971 y 1983, cuando comenzó su dedicación a la política. Tras quedar desempleado en 2011, solicitó cobrar una indemnización por despido de 31.419 euros, pero la cantidad le fue embargada para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 807.403.232,44 euros que le fue impuesta por la jueza Mercedes Alaya y posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Ayer, en los pasillos de la Audiencia sevillana González Mata declaró a los periodistas que no existen tales sobrecomisiones a las que hace referencia tanto la jueza como el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «Se quieren cargar la mediación de seguros», dijo.

Un nuevo alto cargo

Ante Alaya, González Mata reveló el nombre de un nuevo alto cargo de la Junta con el que negoció en dos ERE, a quien identificó como «Paquillo». Se trataría, según fuentes del caso, de Francisco García Martínez, exsecretario general de Empleo entre 2001 y 2003 y en la actualidad primer teniente de alcalde en Guarromán (Jaén).

Además, aseguró que el Gobierno andaluz aún le debe la mitad de su trabajo, correspondiente a pólizas por importe de 200 o 300 millones de euros. «Si volviese a ponerme en 2001, no volvería a trabajar con la Junta», comentó el empresario, a lo que la jueza Alaya respondió: «Para como le ha ido, desde luego», según una anécdota que han relatado los abogados personados y cita la agencia Efe.

Mata dijo también haber pagado 2,7 millones al Gabinete Estudios Jurídicos Villasís, con varios abogados imputados, por asesorar a las asociaciones de trabajadores. La comparecencia continuará hoy, con el interrogatorio a cargo del fiscal.