Apenas tres de cada 100 sociedades que entran en concurso se salvan

«En el mundo concursal español no son todos los que están, ni están todos los que son». Lo afirma el presidente del presidente del Registro de Economistas Forenses (REFOR), Leopoldo Pons, y lo comparten la gran mayoría de los expertos -economistas, abogados, auditores y profesionales mercantiles- que lidian día a día con este tipo de procesos, más conocidos como quiebras y suspensiones de pagos.

Hasta el Banco de España ha reconocido en uno de sus últimos informes que el uso de los procedimientos concursales por las empresas nacionales es «muy escaso» en comparación con lo ocurre en las economías desarrolladas. Así, por ejemplo, mientras en España apenas hay 15 concursos por cada 10.000 empresas, en Japón y Alemania se rozan los 90, en EE UU los 100, en el Reino Unido los 140 y en Francia los 220. La tasa española es la segunda más baja de la zona euro -solo por encima de Grecia (10 por cada 10.000 sociedades) y una de las más reducidas de toda la UE -Polonia encabeza esa lista, con apenas 2-, por debajo incluso de Italia (25), Portugal (37) e Irlanda (86), con los que las comparaciones vienen siendo recurrentes esta crisis.

«No es posible que con situaciones económicas tan distintas y mucho mayor tamaño» -apunta Pons-, España tenga una cifra anual de concursos -8.726 al cierre de 2012 y más de 2.700 este primer trimestre, con la previsión de que supere los 11.000 este año, con una tasa de crecimiento próxima al 40%- más cercana a la de Dinamarca (7.200) que a la de Alemania (30.000), Reino Unido (33.000) o Francia (50.000).

¿Por qué esta aprensión hacia el uso de la vía concursal? Para Antonio Fernández, socio director del departamento de Reestructuraciones del despacho Garrigues, la clave es que la propia ley tiene como «fin secundario» el saneamiento de las sociedades que entran en la misma y como «prioridad» la satisfacción de los acreedores. Y es -añade- una «buena herramienta» para lo segundo y «mala» para lo primero. «El gran hándicap es que se pensó en una época de bonanza», apostilla Jordi Grasi, experto de Ernst & Young Abogados.

Falta de incentivos

No se critica, sin embargo, la «buena intención» de una ley que cumplirá su décimo aniversario el 1 de septiembre de 2014 -con ella se unificaron y pusieron al día una serie de normas dispersas con más de un siglo de antigüedad-, y que trata de paliar, por ejemplo, el atasco de los 800.000 casos acumulados en los juzgados por problemas de impagos. El principal obstáculo es la falta de incentivos para acudir a ella: solo entre el 2% y el 3% de las empresas que entran en concurso logran salvarse, bien porque no alcanzan un convenio, bien porque no se cumple al final. «Se llega tan tarde a esta vía que, con frecuencia, la fase de agotamiento financiera de la sociedad es tal que ya no hay solución posible», advierte Javier Fontcuberta, profesor de Derecho Privado de ESADE y socio del despacho Cuatrecasas.

«Llegan casi para ser enterradas», añade Grasi, quien coincide con sus colegas en que cuando la Ley Concursal se aprobó en 2003 'se vendió' más como un «hospital de empresas» y, por el contrario, al final ha terminado por ser su «forense». Pese a ello, discrepan sobre la importancia de los cambios que quedan por realizar en una norma que ya sufrió dos grandes reformas en 2009 y 2011: en total, casi tres cuartas partes de su articulado fueron retocadas.

De hecho, existe un consenso generalizado en, por un lado, terminar con el «estigma» que supone un concurso para la imagen de la empresa y sus dueños -sobre todo, en las pymes, precisa José María Marrero, socio de KPMG Abogados- y, por otro, mejorar la vía preconcursal, es decir, el paso previo al juzgado donde existen dos alternativas: renegociar la deuda con los acreedores y ejecutar las hipotecas pendientes sobre los bienes de la empresa, garantías habituales en los bancos. Por eso tratan de eludir el concurso donde, además de sumarse a otros acreedores, han de soportar largos procesos: entre 35 y 40 meses de media.