Alaya apunta a que los ERE se convirtieron en un «verdadero negocio» de 50 millones

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados por la Junta de Andalucía acabaron convertidos en un «verdadero negocio» en el que las entidades mediadoras «corrompieron» a los cargos públicos para obtener, sin concurso alguno, la tramitación de las pólizas. Esta es la conclusión a la que llega la juez instructora Mercedes Alaya en el auto de prisión de uno de los directivos de esas entidades,Antonio Albarracín, en la que constata que éste pagó hasta 249.000 euros en transferencias al exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, además de al menos dos sobres con dinero en metálico.

La juez sostiene que de una fase inicial en la que se concedían ayudas a empresas en crisis de manera arbitraria, ya fueran directas o bien mediante prejubilaciones, se pasó a un escalón más evolucionado, en el que la rentabilidad estaba en el pago de las comisiones por tramitar esas ayudas. Así, advierte que se produjo una suerte de «negocio bilateral» en el que la Consejería de Empleo, «previo ofrecimiento de dádivas» de las entidades mediadoras a los cargos públicos de la Junta, principalmente Guerrero, se obviaba la celebración de un concurso público. Este era, según el auto de Alaya, el sistema seguido por Vitalia, una de las dos mediadoras que se llevaron el grueso de las tramitaciones de la Junta. Por su gestión de la póliza cobraba de la Junta abultadas sobrecomisiones, superiores en un 15% al precio de mercado. La fórmula, según los cálculos de la Guardia Civil, permitió el desvío de hasta 50 millones de euros de fondos públicos.

En este punto, la juez Alaya apunta a que existía una «trama corrupta» formada por cargos públicos, los sindicatos y las consultoras, estos dos últimos en su calidad de intermediarios en la obtención de las ayudas. Los primeros, pertenecientes a la Consejería de Empleo, «permitían la ilícita disposición de los fondos de la Administración», y las mediadoras o consultoras que tramitaban las pólizas de prejubilación porque «corrompían a los cargos públicos» a cambio de los nuevos contratos, que suponían más ingresos en comisiones.

Cuatro millones a UGT y CCOO

También los sindicatos encontraban su propia vía de negocio, ya que buscaban nuevas empresas en situación de crisis a las que ofrecer un ERE pagado por la Junta para incrementar sus beneficios. Así, Albarracín habría pagado más de cuatro millones de euros a los «entornos» de UGT y CCOO con el dinero recibido de la «sobrecomisión pactada con la Junta». Otra parte de la sobrecomisión iba a parar al propio bolsillo de Albarracín, cuyo patrimonio se enriqueció durante los años al frente de la entidad que coinciden con el momento de auge de las prejubilaciones. La juez acusa al directivo de cohecho, malversación, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, aseguró que el sindicato «no ha cobrado ni un duro» de ninguna aseguradora implicada en la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE presuntamente irregulares, tras lo que ha dejado claro que él no conoce «ni la cara de los directivos de las aseguradoras», según Europa Press. Por su parte, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, negó que el sindicato tenga relación alguna con las aseguradoras implicadas, tras lo que ha ofrecido enseñar las cuentas de la central sindical «a la jueza y a quien quiera contrastarlas, pues somos honrados».

La juez sostiene que las dádivas llegaron a «todos aquellos que facilitaron» que Vitalia tramitara las pólizas. Es el caso del ex sindicalista Juan Lanzas, al que algunos implicados definen como 'el conseguidor' y que también fue encarcelado la madrugada del viernes acusado de cinco supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho. Según sostiene Alaya en su auto, Lanzas favoreció que Vitalia tramitara determinadas pólizas a cambio de casi seis millones de euros abonados con facturas falsas a nombre de empresas pantalla de mensajería.

Además, la juez comprobó que Lanzas y su esposa, con la connivencia de Albarracín, fueron incluidos como 'intrusos' en el ERE de una empresa para pagarle unos servicios de mediación a Vitalia, pero realmente el dinero provenía de la Junta, no de la entidad. Además, recibieron una cantidad superior a la que se les adjudicaba. Aquí radica precisamente la conexión con las otras partes de la investigación, ya que la juez entiende que «la Junta consentía» la inclusión de intrusos «en claro perjuicio para el erario público».

Alaya envió a prisión de madrugada a Juan Lanzas y a Antonio Albarracín y tomó declaración a 8 de los detenidos. La esposa de Albarracín, María José Marcos, y el hijo de José González Mata, gerente de Uniter, quedaron en libertad con cargos. Hoy está previsto que presten declaración la esposa de Lanzas y el chófer de Guerrero.