Aguayo pide fijar el déficit tras un pacto sobre políticas «intocables»

A Andalucía no le parece mal que haya 'déficits asimétricos' para las comunidades autónomas, pero rechaza que se establezca un trato de favor para alguna, como Cataluña o Valencia. Quiere que se considere la situación de cada región y en función de ella se establezca este techo. Por ello la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, planteará en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se establezca un acuerdo de Estado en el que se fijen las políticas conjuntas «intocables», en sanidad, educación, pensiones y prestaciones por desempleo, para, a partir de ese consenso, establecer el temido objetivo de consolidación fiscal, que para el año próximo se ha situado en el 0,7%, una cifra que los expertos creen inalcanzable y que la Junta pide que se sitúe en el 1,76.

Carmen Martínez Aguayo cree que «es un buen momento» para alcanzar este acuerdo de Estado que permita «mantener la cohesión social y contribuir a consolidar la economía y a la consolidación fiscal». Se trata de saber «qué elementos de nuestra competencia son esenciales para la cohesión social, para la ciudadanía y a partir de ahí, una vez que Europa acuerde el margen de flexibilización se puede hacer un reparto en base a esos compromisos».

Así, Andalucía espera que se tenga en cuenta que es la comunidad más extensa y más poblada de España y que ha de destinar el 83% del gasto en entes instrumentales a gasto social, es decir sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, medio ambiente y transporte. Las empresas públicas sanitarias reciben 463 millones de euros; la de dependencia, 1.112 millones, el ente público de infraestructuras y servicios educativos, 602 millones y la Agencia de Medio Ambiente y del Agua (Plan Infoca), 126 millones de euros. El resto del presupuesto, el 17%, se reparte en apoyo a los sectores productivos (Agencia Idea, Turismo, Extenda).

Esta es la realidad que Martínez Aguayo quiere poner de relieve en el CPFF, donde se crearán diversos grupos de trabajo para estudiar la financiación autonómica, la aplicación del techo de deuda, la eliminación de trabas burocráticas y se estudiarán varios informes, entre ellos uno sobre la evolución del sector público autonómico. También se abordará el acceso a los mercados.

La Junta, cuyo déficit se situó en el 2.02, cinco décimas por encima del objetivo, defenderá que pese a este dato ha logrado una reducción del 42,5% respecto a 2011; que el déficit per cápita es un 12% inferior a la media de las comunidades autónomas y que la deuda supone sólo un 11% del total de la deuda autonómica, que en porcentaje de PIB se sitúa 3,1 puntos por debajo de la media. El gasto corriente por habitante ha bajado un 15,7%, y la consejera resalta que se ha logrado sin privatizar servicios públicos esenciales, sin despidos masivos e incrementando la progresividad fiscal.

Además, la Junta mantiene su reclamación de que se revise el modelo de financiación, pues el actual calcula que le hace perder 800 millones de euros, mientras que cifra en 1.504 millones la deuda por incumplimiento del Estatuto.