Rajoy asume la decepción con sus ajustes pero cree que libró a España del abismo

Sin atisbo de autocrítica, pero tampoco de autocomplacencia. Mariano Rajoy, en tono premeditadamente neutro, resumió su primer año de mandato en el vértigo que sintió nada más conocer en diciembre pasado que debía compensar con urgencia un desequilibrio adicional de 30.000 millones en las cuentas del Estado, producto de una desviación del 50% en el cumplimiento del objetivo del déficit. El argumento de la herencia recibida no es nuevo. De hecho, el presidente lo ha empleado en infinidad de ocasiones para defenderse en sede parlamentaria de los envites de la oposición, en especial del PSOE.

Tal vez lo más novedoso de la comparecencia que el presidente del Gobierno realizó ayer fueron los elogios que dedicó a la ciudadanía por cómo «enfrenta y acepta mayoritariamente» los ajustes y sacrificios decretados por el Ejecutivo. Un mensaje que gana un sentido especial tras unos meses en los que las calles de todas las ciudades han albergado miles de protestas y concentraciones ciudadanas contra los recortes y reformas en sectores tan sensibles como educación, sanidad, justicia o minería. Rajoy, aunque se queda con el espíritu de «cohesión y solidaridad» de esa «mayoría silenciosa» que no se queja en la calle, no reprocha nada a los manifestantes. Es más, aseveró que comprende «la impaciencia, el escepticismo y hasta la decepción» de los españoles por su gestión. Pero se mantiene firme en su rumbo. «Es lo que hay que hacer», declamó. Esbozó que de no supeditar toda su acción de Gobierno a la reducción del déficit, los número rojos del Estado podrían haber superado el 11,5% del PIB. Esto, aunque sin mencionar la palabra maldita, habría supuesto la intervención de facto de la economía española por parte de la Unión Europea, que habría provocado la misma asfixia financiera que padecen en la actualidad Grecia o Portugal. El abismo. «Mejor no pensarlo porque además no ha ocurrido», acotó con alivio el jefe del Ejecutivo.

Rajoy eludió situar este requiebro al rescate como el principal logro de su primer aniversario al frente de la Moncloa. Entiende que más importante aún ha sido «corregir el rumbo de nuestra economía». Un objetivo al que ha supeditado todo. No le tembló el pulso ni a la hora de incumplir sus principales promesas electorales como la de incrementar el IRPF o el IVA o la de meter la tijera en el núcleo duro del Estado del bienestar. No se arrepiente de ello. Más bien al contrario. Aseveró que sin la austeridad impuesta a las comunidades autónomas el sistema público, universal y de calidad, tanto en el ámbito sanitario, como en el educativo, eran inviables.

Sin embargo, el renuncio que más ha dolido a Rajoy es el cometido con los pensionistas por no actualizar sus pensiones «todo lo que hubiéramos deseado». Consciente de que es el presidente del Gobierno que más apoyo ha perdido en su primer año de mandato, según certificó el CIS en su último sondeo, adelantó que no piensa pedir paciencia ni confianza ciega a los españoles. Pero sí reclamó comprensión con la necesidad de aplicar unas medidas impopulares, pero imprescindibles y, sobre todo, solidaridad para entender «que todos tenemos que aportar algo del sacrificio común para remontar».

Se aleja la luz

Y es que la luz al final del túnel vuelve a alejarse. De hecho, el presidente alertó de que 2013 será un año «muy duro, especialmente en su primera mitad», pese a los signos positivos que ya se atisban en la economía española. La crisis acaparó el balance del primer año del Gobierno, salvo una clara excepción, el pulso soberanista de Artur Mas. Rajoy desoye a los que plantean la necesidad de dar una respuesta contundente ante los anuncios del presidente de la Generalitat de Cataluña de celebrar un referéndum soberanista en 2014. De momento, mantiene su mano tendida. Muestra su intención de «dialogar todo lo dialogable», pero desde una perspectiva de lealtad institucional mutua y con la Constitución como inviolable línea roja.

Mostró su total disposición a reunirse con Artur Mas e insistió en que no será él quien alimente ninguna «tensión centrífuga» con el Gobierno de Cataluña. Destacó que existen puntos donde es posible el encuentro entre ambas administraciones, como la mejora del sistema de financiación autonómica. Eso sí, nada de pacto fiscal ni de «imposiciones» como la que, a su juicio, intentó Mas en su última reunión en la Moncloa y cuyo rechazo fue la excusa para precipitar el adelanto electoral.