La obra de reurbanización del castillo, situado en un extremo de la playa de La Caleta, se realizó el pasado año. :: L. V.
CÁDIZ

La empresa que reurbanizó el entorno de Santa Catalina admite que defraudó

El Ayuntamiento exige a la Junta que se disculpe tras haberle acusado de ser cómplice del mal uso de los fondos del Plan Proteja y reclamarle 50.000 euros

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La empresa Peninsular de Contratas, S.A. ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Cádiz en el que reconoce que contrató de forma irregular a 75 personas que finalmente no llegaron a prestar servicios en la obra de reurbanización del entorno del Castillo de Santa Catalina.

Esta actuación fue financiada con fondos del Plan Proteja de la Junta de Andalucía, que ante la comprobación de las irregularidades, no dudó en culpar en varias ocasiones de forma pública al Ayuntamiento gaditano de ser consciente y cómplice del uso fraudulento de los fondos, por lo que llegó a requerirles la devolución de 50.000 de los 600.000 euros en los que estaba presupuestada la obra.

Precisamente, la alcaldesa de Cádiz también anunció ayer que la empresa ha hecho un ingreso de esos 50.000 euros para que sean devueltos a la Administración autonómica.

Con todos estos datos sobre la mesa, Teófila Martínez hizo hincapié ayer en que «el Ayuntamiento no tenía nada que ver, que se entere todo el mundo». De forma especial quiso lanzar un mensaje al vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, al que dijo que «se va a tener que tragar sus palabras», ya que no solo ha acusado en los medios al Consistorio gaditano, sino que «hasta en sede parlamentaria nos ha echado las culpas».

Según explicó la alcaldesa, Valderas había amenazado al Ayuntamiento de Cádiz con detraerle la cantidad a devolver de otras aportaciones que debía recibir el Gobierno local por otros conceptos. Llegados a este punto, desde el Ayuntamiento se quiso exigir ayer a la Junta de Andalucía que ahora sea ella quien devuelva «los 8 millones que nos deben, que expliquen cuál es la razón para que no nos paguen. Eso sí que es defraudar a los ciudadanos, y que no esperen que esa deuda quede en el olvido, porque una vez reclamada, ya no prescribe».