«El Madrid Arena era una ratonera»

El Madrid Arena se convirtió durante la madrugada del 1 de noviembre en «una ratonera» en la que jamás se debió haber permitido celebrar una macrofiesta. Esta es la conclusión que expresaron uno tras otro los abogados de las familias de las cinco jóvenes fallecidas después de inspeccionar ayer el recinto perteneciente al Ayuntamiento de Madrid.

Ninguno de ellos confirmó que vaya a solicitar al juez Eduardo López Palop la acusación de más responsables municipales, aunque sus palabras dejaron entrever que el exconcejal de Economía Pedro Calvo no será el único miembro del equipo de Gobierno que, si así lo decide finalmente el magistrado, testifique en calidad de imputado. «No me creo que este local tenga licencia para albergar una fiesta de 10.000 personas, y si la tiene quiero verla porque quien la haya firmado se va a sentar en el banquillo de los acusados», afirmó Abdón Núñez, abogado de la familia de Belén Langdon, la menor de 17 años fallecida en la fatídica avalancha. «Esto es una vergüenza que no tiene nombre y clama al cielo», añadió a la salida de la visita al Madrid Arena.

Los letrados denunciaron un cúmulo de despropósitos que originó una tragedia que «es asombroso que no fuese aún mayor». En concreto, señalaron la estrechez de los vomitorios -de 2,5 metros de ancho por nueve de largo- y que varios de estos se encontraban bloqueados, la falta de señalización de las salidas de emergencia, el deficiente servicio sanitario del que no formaba parte el Samur, la escasez de Policía Local y seguridad privada y, sobre todo, el sobreaforo, que superó según sus cálculos las 20.000 personas, por las 10.600 permitidas por el Ayuntamiento y «las 4.000 que debería haberse permitido como máximo», apuntaron.

«Dadas las condiciones era imposible que no se produjeran avalanchas», señaló Gerardo Viada, abogado de la familia de Katia Esteban, quien destacó que varios testigos han declarado que debido a la masificación «era imposible poner los pies en el suelo». Según este letrado, el Ayuntamiento nunca debió permitir que un edificio diseñado para partidos de baloncesto o tenis albergase un concierto multitudinario. «Esa noche en la pista central tres vomitorios estaban ocupados por el escenario, otro por el camerino y dos puertas estaban cerradas, de forma que solo quedaban tres salidas de dos metros de ancho cada una», precisó Viada.

Virginia López, quien ejerce de acusación popular en representación del sindicato Manos Limpias, manifestó que «viendo la pequeñez de los espacios del edificio la sensación de agobio debió de ser horrible».

Más apoyo al juez

Otro punto de coincidencia entre las acusaciones está en pedir medios judiciales de apoyo al magistrado instructor. Incluso apelaron al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que se los conceda. Creen que al menos debe disponerse un juez de apoyo a López Palop y un ayudante al fiscal, además de dos funcionarios que ayuden a tramitar la causa. «No queremos que este proceso se alargue como el de la colza o Alcalá 20», solicitó Núñez.

El 26 de diciembre los abogados de las familias de las fallecidas regresarán al recinto municipal, esta vez en compañía del fiscal, pero les ha bastado una visita para avanzar que no se conformarán con las diez personas imputadas hasta el momento. «Hay que aclarar tantas irregularidades y fijar responsabilidades en personas concretas que esto no ha hecho más que empezar», aseguraron.

Su petición parece que contará con el apoyo del juez, que el pasado martes ya comunicó a las partes que todo aquel que haya tenido alguna relación con la muerte de las jóvenes declarará ante él como imputado.