Valderas negará subvenciones a pueblos con símbolos franquistas

El vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas, está dispuesto a que se aplique la Ley de Memoria Histórica en cada rincón de cada pueblo andaluz. Ayer anunció que los ayuntamientos que se nieguen a cumplir con esta norma y no retiren los símbolos franquistas que hay en sus municipios podrían no solo ser sancionados por ello sino que podrían dejar de recibir ayudas o subvenciones de las administraciones públicas, entre ellas la Junta de Andalucía.

Diego Valderas hizo esta advertencia en su respuesta a una pregunta sobre el asunto del diputado de Izquierda Unida por Jaén Juan Serrano en comisión parlamentaria. El también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales anunció que su departamento está ultimando una ordenanza tipo que remitirá a los ayuntamientos para que estos puedan, una vez aprobada por el pleno de sus respectivas corporaciones locales, aplicar la retirada de símbolos del franquismo.

Hasta ahora muchos municipios se escudan en la dificultad desde el punto de vista jurídico para ordenar la eliminación de los vestigios de la dictadura, que puede ir desde un escudo preconstitucional, a la nomenclatura de calles. «Todavía hay muchas calles con el nombre de Francisco Franco», dijeron fuentes de la consejería.

Con esta ordenanza Valderas cree que ya no hay excusas. «Es injustificable que todavía haya símbolos franquistas treinta años después de que se haya implantado la democracia», dijo. Sobre la advertencia de las sanciones y retirada de subvenciones, fuentes de la consejería aclaran que las declaraciones de Valderas se refieren a lo que dice la propia Ley de Memoria Histórica. El consejero lamentó que cinco años después de su aprobación, algunos ayuntamientos sigan ignorándola.

El vicepresidente también ha informado, a preguntas del PP, sobre la propia normativa andaluza de memoria histórica, que aquí se llamará Ley de Memoria Democrática. Valderas confía en que llegue al Parlamento el próximo año. Los objetivos son parecidos a los de la norma estatal, según Europa Press: lograr el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura; la colaboración de las administraciones públicas con los particulares y entidades sin ánimo de lucro para la localización e identificación de víctimas; el facilitar las autorizaciones administrativas para actividades de localización e identificación; el acceso a terrenos afectados por trabajos de localización e identificación y la retirada de símbolos, escudos y monumentos públicos que hagan referencia al antiguo régimen.