El PP-A se une a Cospedal y abre el debate para suprimir el sueldo a los diputados

El PP de Andalucía sigue los pasos de sus secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y propone que se abra también aquí el debate para suprimir el sueldo a los diputados. El portavoz parlamentario, Carlos Rojas, lo propuso ayer en una rueda de Prensa, en la que presentó una moción que llevará a la Cámara autonómica con propuestas para reducir el tamaño de la Administración regional.

Rojas dijo que en Andalucía «tenemos que hablar» de la supresión del sueldo a los diputados, un sistema que ya se implantó en 1996, cuando los parlamentarios sólo recibían dietas, y lo consideró «posible». Recordó que el PP-A ya propuso reducir el número de diputados, pero que la respuesta de IU fue pedir un incremento. A su juicio, ninguno de los partidos en el gobierno quiere afrontar la reducción del gasto público «y ese debate no sólo es necesario, sino urgente».

En la moción que presentará al pleno de la próxima semana, El PP-A propone una batería de medidas concretas de «planificación y racionalización de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales», para «quitarle grasa con urgencia, transparencia y determinación».

Reclama reducir al menos al 50% los altos cargos, eliminar los coordinadores provinciales de los institutos de la Mujer y de la Juventud «cargos politizados», dice, dejar en la mitad el personal de confianza o asesoramiento especial y «desterrar las malas prácticas de recurrir a asistencias técnicas a través de contrataciones laborales por parte de agencias y entidades instrumentales del sector público, para de manera encubierta aumentar el número de puestos de confianza».

La moción incluye suprimir indemnizaciones de vivienda y traslado de domicilio para delegados provinciales, suspender los pluses o complementos de productividad o cualquier concepto similar para directores generales, delegados provinciales y asimilados y anular el pago de las cesantías de altos cargos, incluidos los que están percibiéndolas al inicio de esta legislatura.

Rojas reclamó que se cierren la delegación de la Junta en Madrid y racionalizar la red de oficinas en el exterior.

La moción insta a disminuir las encomiendas de gestión y encargos de ejecución a agencias empresariales y entidades instrumentales, evitar salvo casos justificados la contratación de servicios externos y promover el principio de «una competencia, una administración», para eliminar la burocracia, agilizar los procedimientos y racionalizar costes.