La jueza de los ERE cree que Guerrero concedió 887 ayudas a socialistas

SEVILLA. El auto con el que la instructora de los ERE mandó a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero es una auténtica bomba en pleno inicio de la campaña electoral. Señala que Guerrero y otras personas de la Administración, mencionadas en sus declaraciones, concedieron 887 ayudas sociolaborales (los 'intrusos') y ayudas directas a empresas en crisis «a sabiendas de su absoluta falta de competencia» y «omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable». Unos beneficiarios que siempre tenían relación con el PSOE.

Guerrero es el primer encarcelado por este caso. Según dice la magistrada, dada la gravedad de los hechos y que su testimonio puede provocar nuevas implicaciones, el ingreso en prisión evita que el exdirector de Trabajo pueda recibir «presiones» para darse a la fuga y no seguir tirando de la manta, o bien que entorpezca la investigación modificando pruebas o influyendo en otros imputados. Eso sí, la jueza carga expresamente contra quienes puedan ver en esta decisión un interés electoralista, una visión «absolutamente falta de respeto y consideración a la función de defensa de la legalidad de la Fiscalía».

Y es que el auto de la magistrada Mercedes Alaya supone un duro golpe a la política de ayudas a empresas en crisis realizadas por el Gobierno andaluz en la pasada década. Un sistema con el que, como justificaba el propio Guerrero, la Junta perseguía la consecución de la paz social en una tierra duramente golpeada por el paro. La descripción que hace Alaya de cómo se trabajaba es esclarecedora en este sentido y no ahorra calificativos. Guerrero, cuya actuación supuso una «distracción continuada de dinero público, un absoluto dispendio», en palabras de la jueza, daba ayudas «omitiendo el procedimiento y los controles, conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria, de manera manifiestamente injusta y arbitraria». Todo para beneficiar a «familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE». Con esta fórmula se concedieron 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas.

El auto cuestiona desde el inicio que se hiciera un convenio marco entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento Andaluz (IFA) -posteriormente sustituido por la agencia IDEA- para dar las ayudas de forma directa, ya que el procedimiento adecuado hubiera sido otro, como señaló la Intervención General. Pero eso «exigía un marcado control de la solicitud de ayudas», algo que, a juicio de la juez, no casaba con las intenciones del ex alto cargo encarcelado, que durante su declaración subrayó que el procedimiento era conocido por la cúpula de la Administración regional.

En muchos casos no era la empresa afectada quien solicitaba de inicio la subvención sino que el propio Guerrero ordenaba el pago de las ayudas destinadas a la concertación de pólizas de rentas «sin suscribir el convenio con IFA o IDEA para que esta materializara dicho abono». «Todo el proceso se realizó en un reducido espacio de tiempo y con coincidencia de fechas para permitir el enriquecimiento de unos pocos», asevera el auto. La comarca de la sierra sur de Sevilla, donde radicaban los principales beneficiarios de las ayudas directas -entre otros el hermano del expresidente de la Junta Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de un municipio-, recibió de Guerrero 50,8 millones de euros, mientras que el resto de Andalucía solo percibió 24,6 millones.

Alaya pone el dedo en la llaga con el tema de los 'intrusos' incluidos en los ERE y critica que Guerrero, «de acuerdo con otros», extendiera la idea de que la Junta asumiría el coste de las prejubilaciones de trabajadores despedidos. La Administración acabó pagando los despidos, pese a ser obligación de los empresarios, aunque no fueran necesarios e incluso sin que hubiera ERE.

El auto dice que Guerrero «abusó de su cargo» y ordenó la inclusión de los 'intrusos' para beneficiar a sus conocidos o a gente vinculada a altos cargos de la Junta o dirigentes socialistas. Para ello, constituyó un entramado formado por aseguradoras, despachos de abogados y técnicos «al calor de un negocio rentable». Entre los beneficiados por el sistema están su propia suegra y familiares de su chófer, también imputado y que recibió ayudas para empresas montadas ex profeso, que, según declaró, lo agradeció pagando drogas y alcohol a Guerrero.

La Junta de Andalucía, en un comunicado, puntualizó respecto al auto de la jueza que de las 887 ayudas que otorgó Guerrero «las que se hicieron de manera fraudulenta no están cuantificadas», al tiempo que manifiesta que el ingreso en prisión del ex alto cargo significa un «avance significativo en la instrucción». La Junta expresa su confianza en que «se continúe por esta línea de esclarecimiento de los hechos y de concreción de responsabilidades de los principales implicados», al tiempo que ratifica su «firme voluntad de que se aclaren todas las irregularidades de este caso» y mantiene su disposición a colaborar.