Ricardi recibirá un millón de euros pero podría perder el control del dinero

Un millón de euros, más intereses legales, es la indemnización final que cobrará Rafael Ricardi tras pasar 13 años en la cárcel por una violación que no cometió, salvo que la Abogacía del Estado recurra. La cifra fijada por la Audiencia Nacional está muy lejos de los 10 millones que reclamaban los abogados del portuense pero convence más que los 555.600 euros que le reconoció el Consejo de Estado en 2010. Si bien, la sentencia de la Audiencia Nacional, que recoge la nueva cuantía de la indemnización, también muestra su preocupación por la capacidad que pueda tener el portuense a la hora de gestionar una suma de dinero tan importante y ordena remitir el expediente del caso a la Fiscalía por si fuera necesario iniciar un proceso de incapacitación legal.

Este periódico tuvo acceso al contenido íntegro de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, encargada de estudiar el recurso planteado por los abogados del portuense en febrero de 2011. En ella se reconoce que «la traumática situación» que vivió Ricardi, entre rejas por unos hechos que no cometió, debe servir para recalcular a la alza la indemnización. Si bien, el tribunal desestima la mayoría de los argumentos que plantearon los abogados para elevar la cantidad inicialmente aprobada. Entre los motivos que expusieron está el deterioro físico que presenta el portuense derivado de su estancia en la cárcel donde, según sus letrados, contrajo el virus de la hepatitis C y no fue correctamente tratado.

La sala de la Audiencia entiende que no hay pruebas para sustentar esa relación causa-efecto y recuerda en su sentencia que Ricardi, antes de ingresar en la cárcel, era «consumidor abusivo, con largo tiempo de evolución, de alcohol, cannábicos y heroína por vía parenteral y fue precisamente en la prisión donde logró superar la adicción» Por tanto concluyen los magistrados que si el origen de la enfermedad «como todo parece indicar», está en su adicción a las drogas, no se puede achacar esa dolencia a su estancia injusta entre rejas. Un paso por prisión que no logra borrar de su cabeza el portuense. Ayer expresaba a este periódico un sentimiento contradictorio: «¿Contento? Sí...o no. ¿Cómo se puede estar satisfecho después de todo lo que ha pasado?». Al menos tiene la intención de llevar una «vida tranquila» y sin preocuparse de no tener suficientes recursos económicos.

Sin embargo, la Audiencia Nacional deja entrever cierta preocupación por Rafael Ricardi y se cuestiona si es necesario articular mecanismos de protección ante una posible incapacidad mental del portuense. En virtud de los informes forenses presentados, que evalúan la situación psicológica de este ciudadano, se desprende que tiene una edad mental de ocho años, «prácticamente una demencia» indica el tribunal. «Dicha situación mental no puede ser desconocida por la Sala ante la posible incapacidad del mismo que exija atender a la protección de su persona y de su patrimonio, ya que este último puede verse incrementado de forma sustanciosa tras la vía reclamatoria instaurada».

Así, el tribunal acuerda informar a la Fiscalía, «sin necesidad de esperar» a que la decisión sobre la nueva indemnización sea firme, para que estudie si debe iniciar un proceso de incapacitación legal de Ricardi. De llevarse a cabo, el portuense seguiría disponiendo del dinero pero bajo la supervisión de uno o varios defensores judiciales que garanticen sus derechos y velen por su patrimonio.