«Las formas y el cierre que plantea Visteon están fuera de la legalidad vigente»

Fletan un autobús, 'secuestran' al comité de empresa y anuncian el cierre inmediato e irrevocable de una fábrica que lleva 22 años en activo. Los sindicatos de Cádiz Electrónica, la filial de Visteon en El Puerto, llaman a eso «terrorismo laboral» y en esos términos se refirieron ayer hacia la actitud mantenida por la compañía de componentes de automoción, que anunció el jueves el cese definitivo de la actividad sin dar opción a réplica.

Se han tomado un día para digerir la noticia y aún hoy admiten seguir en estado de 'shock', especialmente porque la fábrica tiene aún carga de trabajo pendiente y no había previsiones de paralizarla. El comité admitió que cabría esperar un reajuste a final de año por el descenso de la producción, pero nunca el cerrojazo. Jesús Serrano, secretario general de Industria de CC OO, resaltó que «la fábrica sigue siendo rentable y no ha tenido pérdidas, de hecho, las previsiones eran conseguir un margen de beneficios de entre 35 y 50 millones para los próximos años».

Sin embargo, aún no hay comunicación al Ministerio de Trabajo, ni a la Junta, de hecho, el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, admitió el jueves haber tenido conocimiento del cierre a través del comité de empresa. «Eso es una ilegalidad, plantear un cierre cuando no hay motivos económicos ni previsión de pérdida y sin informar a la autoridad laboral», recalcó.

450 afectados

El comité de empresa ha redactado un comunicado que ayer leyó su presidente, Bartolomé Bruzón, recordó que «los afectados no son solo los 396 de la plantilla, en la planta trabajan un total de 450 personas, entre fijos y externos, además de todos los proveedores y empresas auxiliares». Son mano de obra cualificada, la mayoría tiene un título de FP de electrónica y lleva más de una década haciendo trabajos de precisión.

Diego Peces, secretario general del Metal de UGT, dijo ver semejanzas con Delphi, pero «con unas formas mucho peores». Resaltó que «rozan la ilegalidad» al presentarse sin documentación y sin informar a la autoridad laboral. «Vemos nuevamente cómo a este tipo de multinacionales les importa poco el mantenimiento de los empleos y sólo se interesan por utilizar los recursos públicos y sacar el mayor beneficio, tomando medidas drásticas como las que ha adoptado», resaltó el líder ugetista.

Más claramente lo expuso el delegado de CSIF en el comité, Enrique Sánchez: «se aprovechan de las administraciones públicas, nos exprimen como un limón y luego se llegan la producción a otros países donde el pagan una miseria a los trabajadores y sacan más rendimiento». El comité dijo sospechar de que este cierre repentino se debe a una deslocalización de la producción y mencionaron China como posible destino. Llegaron a explicar que muchos de los prototipos que han salido de la planta gaditana han ido directamente al país asiático para su producción en serie.

Por el momento el calendario de movilizaciones seguirá guardado hasta que les entreguen toda la documentación. Con lo que sí van a empezar es con las reuniones para pedir el apoyo de políticos y administraciones públicas. El próximo lunes tiene previsto un encuentro con Bouza y a lo largo de la semana serán recibidos por los principales partidos políticos. El viernes será la concentración de trabajadores y familiares en la plaza de El Polvorista de El Puerto y tendrán una reunión con el alcalde portuense, Enrique Moresco.

Los responsables políticos ya mostraron el jueves su sorpresa e indignación por el anuncio y ayer se sumaba a ellos el consejero de Economía, Antonio Ávila, que lamentó «el fondo y la forma» en la que se han hecho las cosas.

En declaraciones a los periodistas tras la constitución de la nueva Diputación de Jaén, Ávila aseguró que iba a contactar con la empresa para conocer las razones que le han llevado a tomar esta decisión y mostró su deseo de que se retome «la senda de la normalidad» para buscar soluciones y si existe la posibilidad de buscar alternativas, según informó Efe.

El titular de Economía lamentó el impacto que esta decisión tendrá para el empleo, y añadió que «una empresa con responsabilidad social debe, a la hora de tomar decisiones, compartirlas con las autoridades, con los trabajadores y no simplemente trasladarlo a través de una nota de prensa».

El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, exigió a la compañía que dé las «explicaciones verdaderas» sobre los motivos que han llevado al cierre de la fábrica de El Puerto. En un comunicado, Jiménez Barrios aseguró que no entiende cómo la multinacional todavía no ha dado explicaciones oficiales a la máxima autoridad laboral, a pesar de que se le ha solicitado información en cumplimiento.

La edad media de la plantilla ronda los 42 años y la mayoría son técnicos con un título de FP de Electrónica. Calculan que el 25% son mujeres, uno de los porcentajes más altos de las empresas industriales de la Bahía. De la fábrica gaditana salen habitualmente prototipos de sistemas antirrobo y antibloqueo de los principales modelos de automóvil de gamas media y alta. La factoría portuense ha estado en activo desde 1989, primero como filial de Ford y luego en manos de Visteon.