EL FOCO DE LA SOSPECHA

LOS autos de la jueza que investiga el fraude en los ERE desvelados esta semana han supuesto un duro golpe al Gobierno de Griñán. Quizás el más duro desde que se conoció el escándalo. Y no sólo porque los reproches de la instructora del caso desmontan los argumentos de la línea de actuación «colaboradora» con la justicia de Griñán, sino por lo más demoledor para el presidente y su equipo, porque la jueza apunta su investigación en la misma dirección que las acusaciones del PP.

Desde el comienzo, el Gobierno de Griñán reitera que ha sido el primero en denunciar y que colabora de forma activa con la justicia en contra de lo que hace el PP en los casos de corrupción que les afecta. El PP, por su lado, acusa al PSOE de permitir y ocultar una trama de corrupción y señala abiertamente a Griñán y a Chaves como consentidores de la misma.

Es cierto que la Junta había remitido al juzgado de motus propio una profusa documentación, más de 25.000 folios, pero no la que la magistrada pedía. Alaya llevaba dos meses reclamándole todos los informes de la Intervención General de Hacienda sobre las empresas públicas, IFA e IDEA, a través de las cuales se pagó a los prejubilados mediante un procedimiento que la policía considera ilegal y la Junta sostiene que, aunque discutible, es legal. Por ello, la magistrada reprocha al Gobierno «cierta falta de colaboración» por no remitirle la información solicitada. Pero además, en el mismo auto, fechado el 21 de marzo, considera un «incumplimiento flagrante» de las normas la manera de pagar los ERE y acusa a la Junta de «cierta pasividad» pese a las alertas de la Intervención e incluso cuestiona a esta por no emitir un informe de actuación, que hubiera obligado al Gobierno a hacer algo, cuando la jueza cree que había indicios de un posible menoscabo de fondos públicos.

En el debate del pasado 17 de marzo en el Parlamento, Javier Arenas dijo a Griñán que «conoció, no evitó, permitió y autorizó que un procedimiento al margen de la ley siguiera campando por sus respetos». Griñán sostuvo que eso era falso y que nunca recibió ningún informe de actuación porque los informes de la Intervención no alertaban de menoscabo de dinero público.

La jueza ha pedido todas las actas de los Consejos de Gobierno de la última década y de los consejos de dirección de cuatro consejerías, dejando claro que una de las patas de su investigación es averiguar si Griñán, Chaves u otro miembro del Gobierno conocían que se estaban pagando prejubilaciones con un método que podía ser ilegal. Como dice Diego Valderas, la magistrada ha ampliado el foco de la sospecha a todo el Gobierno actual y a los anteriores. Un foco que ya no se apagará al menos hasta que acabe la instrucción del caso. Pueden pasar meses. El PSOE y Griñán, sin embargo, insisten en rechazar una investigación parlamentaria. Incluso pese a que sería mucho más rápida que la justicia en despejar la duda arraigada ya en la opinión pública sobre el alcance real de las responsabilidades de sus gobernantes en este asunto.