El Estado encomendará a Andalucía la gestión del río Guadalquivir

Andalucía seguirá gestionando la cuenca del Guadalquivir de forma transitoria mediante una encomienda del Estado hasta que se resuelva la fórmula definitiva del futuro control de las competencia hidrológica. Esta fue la principal conclusión de la entrevista ayer por la tarde en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. No era ninguna novedad, ya que ambos ejecutivos se habían mostrado conformes a buscar fórmulas alternativas al artículo 51 ahora derogado por el Tribunal Constitucional para que la Junta siga decidiendo sobre la cuenca que transcurre por territorio andaluz. Una pretensión apoyada en Andalucía por los partidos de la oposición, PP e IU.

Pero cualquier fórmula tardará y lo prioritario ahora es otorgar seguridad jurídica a las actuaciones que realiza la Junta de Andalucía en la cuenca merced a la transferencia de competencias efectiva desde enero de 2009. Por ello, Zapatero y Griñán acordaron ayer que el Gobierno apruebe lo más pronto posible un real decreto con una encomienda de gestión. Es decir, el Estado encomendará a la Junta la gestión del Guadalquivir sin renunciar a su competencia, cumpliendo de esta forma con la sentencia del Tribunal Constitucional. Como se recordará, esta anulaba el artículo del Estatuto de Autonomía que hace referencia a las competencias exclusivas de la Comunidad autónoma en la gestión de la cuenca que transcurre por territorio andaluz. La anulación de este artículo deja en el aire la transferencia de 2009.

Zapatero y Griñán estuvieron reunidos apenas una hora. El acuerdo, explicado después por el presidente andaluz consiste básicamente en lo siguiente: Los gobiernos central y andaluz se reunirán el miércoles día 30 en el seno de la comisión bilateral y acordarán la citada fórmula transitoria de encomienda de gestión hasta que se pacte una normativa definitiva en esta materia.

Principio de unidad

Según Griñán , con la encomienda de gestión, los actos administrativos que se han llevado a cabo como consecuencia de la aplicación del artículo anulado se convertirán en válidos, en tanto que los funcionarios podrán seguir ejerciendo las mismas funciones que hasta ahora. Griñán dejó claro, según recoge Efe, que, sea cual sea el futuro acuerdo, ambas administraciones quieren garantizar el principio de unidad de cuenca y la participación de las otras regiones por las que discurre el Guadalquivir: Extremadura, Murcia y Castilla La Mancha.

Griñán también advirtió de que el proceso será largo. «La sentencia va a dar lugar a un trabajo complejo de arquitectura jurídica», manifestó. Un trabajo en el que conjugar la participación de las comunidades, el acuerdo Junta y Gobierno y el consentimiento de la oposición en Andalucía. Griñán volvió ayer a comprometerse a un pacto con PP e IU en los pasos que se den.