Obras Públicas insiste en que dará una solución a las viviendas ilegales

El Gobierno andaluz ha decidido dar una salida a las viviendas ilegales en Andalucía, siempre y cuando sea posible en un marco legal, es decir, no estén construidas en suelos protegidos, entre otros aspectos. La Consejería de Obras Públicas prepara un decreto que agilice los trámites de un problema que afecta a la mayoría de municipios andaluces. Según el PP, hay construidas del orden de 300.000 viviendas ilegales en la Comunidad. En la elaboración del decreto, anunciado por la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, la pasada semana en Málaga, ha tenido especial importancia las reivindicaciones de dos zonas andaluzas, la de la Axarquía (Málaga), con 11.000 casas sin papeles, y la de la comarca del Valle del Almanzora, en Almería. Cruz califica estas zonas de «prioritarias» en la materia.

Josefina Cruz confirmó ayer en la comisión de Obras Públicas del Parlamento la elaboración de este decreto y también la reunión que hoy tendrá con los alcaldes de la comarca del Almanzora para analizar los inventarios sobre las casas en la zona, incluidas las ilegales, fruto del convenio que la Junta hizo con diez ayuntamientos, del mismo modo que en la Axarquía.

Territorio y paisaje

La consejera manifestó en la comisión parlamentaria que el problema de las viviendas ilegales se ha producido en Andalucía por «una falta de respeto a la cultura del territorio y del paisaje». Cruz, que criticó la «confusión y el oportunismo del PP», recordó que «lleva tiempo activando diferentes medidas con el objetivo de contribuir a resolver la problemática generada por las edificaciones construidas en suelo no urbanizable», según recogió Europa Press.

Respecto a estas soluciones, Cruz Villalón explicó que todas las medidas a adoptar han de sustentarse en dos premisas fundamentales, como son, en primer lugar, «colaborar estrechamente con los municipios para avanzar en la resolución del problema y, en segundo lugar, las iniciativas que se lleven a cabo en ningún caso han de suponer coste alguno para las administraciones públicas». Es decir, deberán ser costeadas por los propietarios de las viviendas levantadas en lugares no urbanizables.

Asimismo, a juicio de la consejera, ambas premisas han de ser transversales a las líneas de trabajo que se desarrollan desde Obras Públicas y Vivienda en cooperación con los ayuntamientos. Estas actuaciones, ya en marcha, son el fomento de la redacción de planeamiento urbanístico, la realización de inventarios de edificaciones ilegales , la elaboración de una normativa que permita una mayor agilidad en la tramitación y resolución de esta problemática, así como el refuerzo de la política preventiva.

Cruz apuntó que todas estas medidas tienen un carácter regional y común para todos los municipios y comarcas de la comunidad autónoma. La consejera hizo hincapié en la necesidad de «reforzar la política preventiva».

La diputada del PP Alicia Martínez recordó que «hace dos años el PP propuso esas normas directoras para la legalización y el PSOE votó que no, y ahora casualmente, meses antes de las elecciones municipales, se propone la legalización de sus viviendas».

En el mismo sentido se había pronunciado José Antonio Castro (IU), para quien el anuncio suena electoralista y puede olvidarse tras las elecciones.