El acuerdo entre PSOE y PP «resucita» la ley Sinde en el Senado

PSOE y PP alcanzaron ayer un acuerdo en el Senado que da una segunda oportunidad a la controvertida 'ley Sinde', llamada a regular las descargas en Internet y a acabar con la piratería en la Red. Gobierno y oposición lograron 'reforzar' las garantías judiciales de la norma, de modo que, como reclamaba el PP, será el juez quien intervenga desde el primer momento en el proceso de cierre de las páginas que faciliten descargas de materiales sujetos a derechos de autor.

También como exigía el PP, acodaron la revisión de llamado canon digital para adecuarlo a las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE europea. Un pacto alcanzado 'in extremis' entre Gobierno y oposición que «resucita» la moribunda 'ley Sinde' al que se espera se sume CiU, pero que volvió a incendiar la Red y los ánimos de unos internautas que consideran «inútil» y «dictatorial» la regulación de la descargas y el cierre de páginas de enlaces que permitan bajarse material protegido por derechos mediante un pronunciamiento judicial.

El pacto se plasmó en la presentación conjunta de una enmienda global a la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible (LES), que es donde se recoge esta polémica norma antipiratería que el Congreso tumbó el pasado 21 de diciembre y adonde deberá volver tras su trámite en el Senado. El acuerdo PSOE-PP «resucita» de hecho esta controvertida norma antidescargas mediante la enmienda pactada a cuatro horas del cierre del plazo y tras varias semanas de tensas negociaciones. Un acuerdo acaba con un largo año de tramitación jalonada de polémicas y desencuentros entre internautas y legisladores. Unos colectivos que seguirán con las espadas en alto, por más que la ministra asegurara que la futura ley «garantiza absolutamente los derechos de todos». «Los usuarios deben tener absoluta tranquilidad», dijo Sinde tras el pacto, destacando que no les perseguirá con una ley que «aumenta las garantías y la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual».

Por su parte, Rajoy justificó el acuerdo con el Gobierno en base a dos argumentos: «La defensa de la propiedad intelectual y de los ciudadanos y, en un doble sentido, para garantizar la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión». Además, valoró el papel del PP en esta negociación para que una web que incumpla la ley solo pueda hacerse por la decisión de un juez.

El texto reformulado introduce las garantías judiciales desde el principio del proceso de cierre de una página web que sirva contenidos no autorizados. El juez intervendrá cuando la comisión de propiedad intelectual reciba una denuncia y requiera datos como quien es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene y otras informaciones de carácter confidencial sobre las partes que deberán personarse en un procedimiento que, según los cálculos iniciales, podría extenderse al menos durante 17 días.

Arbitraje y salvaguarda

La comisión de propiedad intelectual se concibe como un «órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual» y tendrá dos secciones. La primera «ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la presente ley» y la segunda «velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración».

En su redacción inicial, rechazada el 21 de diciembre en la Cámara Baja, la ley designaba a la comisión de la propiedad intelectual como la única instancia encargada de decidir qué páginas, previa autorización judicial, deberían ser clausuradas.

La retirada de contenidos, siempre a petición de la comisión, se efectuará «en un plazo no superior a las 48 horas», de modo que el prestador del servicios deberá «proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realizar las alegaciones y proponer las pruebas que estime oportunas». «Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La comisión en el plazo máximo de tres días dictará resolución», concluye.

Los negociadores populares y socialistas también introdujeron en una nueva enmienda referida al 'canon' digital, la tasa que grava la compra de cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo o documento, advirtiendo de que en breve se adecuará a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo que eximía de un pago que consideraba indiscriminado a la Administración y a las personas jurídicas.