Hungría nacionalizará la fábrica del vertido

. La Policía húngara detuvo ayer para interrogarle a Zoltán Bakonyial, director general de la fábrica de aluminio MAL Zrt causante del vertido tóxico que anegó hace una semana tres condados del oeste del país magiar y dejó ocho muertos y unos 150 heridos.

El arresto lo dio a conocer el primer ministro, Viktor Orban, durante una intervención en el Parlamento. Antes de la detención de Bakonyial, la empresa, que en un primer momento negó cualquier responsabilidad en lo sucedido pidió oficialmente disculpas y aseguró que asumirá los gastos que le correspondan para hacer frente a esta catástrofe ecológica, la mayor padecida por Hungría en las últimas décadas.

Orban anunció también que la compañía será puesta bajo el control directo del Estado y que se creará el cargo de comisario de defensa para catástrofes, que dirigirá el organismo responsable de «supervisar, dirigir y manejar» los bienes de MAL Zrt. El primer ministro explicó a continuación que el Ejecutivo se ha fijado cuatro objetivos: indemnizar a los afectados por el vertido, preservar los 1.100 puestos de trabajo en la planta de aluminio, pedir cuentas a los responsables del desastre e identificar otras instalaciones industriales potencialmente peligrosas en todo el país. Por todo ello, dijo Orban, «la firma responsable del vertido de lodo rojo y sus activos deben quedar bajo control estatal en tanto se llevan a cabo estas cuatro tareas». Se da la circunstancia de que esta empresa, que perteneció al Estado durante el comunismo, fue privatizada después de que Hungría restableciera la economía de mercado. Según han destacado diversos analistas, el proceso de privatización del sector del aluminio se llevó a cabo de forma opaca y benefició a muchos antiguos 'aparatchiks' del régimen predemocrático, y en él desempeñó un papel importante el ex primer ministro socialista Ferenc Gyurscany, envuelto en escándalos políticos y económicos. El portavoz del sindicato de la industria química, Tamas Szek, afirmó que el cierre de la empresa accidentada provocaría el desempleo de unos 10.000 trabajadores del sector.

Impedir nuevas fugas

Mientras, el portavoz del primer ministro, Peter Szijjarto, aseguró a una cadena de televisión privada que los trabajos para construir una presa de emergencia que impida nuevas fugas de la balsa de contención de residuos tóxicos finalizarán hoy. Unos 4.000 trabajadores y 300 máquinas trabajan contrarreloj desde el pasado fin de semana «para evitar una nueva tragedia», indicó Szijjarto.

El secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, Zoltan Illés, justificó la necesidad de construir una nueva presa, porque la que ya existe tiene una fisura de más de 25 metros. Según Gyorgyi Tottos, la portavoz de los equipos de rescate, el nuevo dique, compuesto de 40.000 toneladas de rocas y tierra, mide unos 600 metros de longitud, tiene entre cinco y siete metros de altura y puede almacenar unos 500.000 metros cúbicos de lodos tóxicos. Otra de las obras importantes es bombear agua desde la balsa 9, vecina a la que causó la catástrofe hacia otros depósitos para reducir la presión sobre las paredes del dique. Las autoridades piensan que el mayor peligro ya ha pasado, porque, según Illés, «los 2,5 millones de lodos corrosivos que quedan en la balsa dañada son mucho más densos, al haber perdido la mayoría de la superficie líquida que cubría el fango, que es lo que se vertió el pasado día 4».

El pueblo más afectado por el escape, Kolontár, fue evacuado en su totalidad el sábado, mientras que unos quinientos habitantes de la localidad de Dobson optaron por abandonar sus casas, y la pequeña ciudad de Devecser, en la que viven otros 5.400, sigue en estado de alerta y estrechamente vigilada por policías y militares.