El recorte salarial al personal con sueldos de la Junta afectará a 285.000 andaluces

No sólo funcionarios. Cualquier persona cuyo sueldo dependa del Presupuesto de la Junta de Andalucía verá mermada su nómina a partir de junio. El decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta por vía urgente, para trasladar a la Comunidad la rebaja salarial aplicada por el Ejecutivo central al personal de la administración pública para contener el déficit público y remontar la crisis, afectará a 285.000 andaluces. En este montante de afectados está incluido no sólo el personal funcionario y laboral de la administración autonómica, sino el de sus empresas públicas y colegios concertados.

La rebaja será de un 5% de media, se hará efectiva a partir de junio y no se incluye la paga extra del verano. Los contratados con sueldos inferiores a 949 euros (1,5 veces el salario mínimo) quedan exentos del tijeretazo. Este será mayor a los miembros del Gobierno autonómico, altos cargos y directivos, con rebajas desde un 6% a un 15%. La Junta ahorrará en dos años 861 millones de euros (314 en 2010 y 547,8 en 2011) con esta medida.

El contenido del decreto fue explicado ayer tras el Consejo de Gobierno extraordinario por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, acompañada por la portavoz y consejera de Presidencia, Mar Moreno. Ambas aparecieron con el semblante serio. Martínez Aguayo manifestó que el Gobierno asume que las medidas son «dolorosas y difíciles». «No son gratas ni para los ciudadanos ni para el Gobierno, pero son imprescindibles para el proceso de recuperación económica», señaló reclamando este esfuerzo y «sacrificio solidario». Varias veces durante su exposición de los datos hizo incisos para valorar el trabajo de los empleados públicos, recordando que son las personas que «nos diagonostican cuando estamos enfermos, nos cuidan cuando estamos malos, enseña a nuestros hijos y cuidan a nuestros mayores». En definitiva, «el corazón de la prestación del servicio del estado del bienestar». No por algo, el mayor volumen de afectados lo constituyen docentes (98.578) y sanitarios (84.853).

Negociación colectiva

¿Cómo se les aplicará el recorte salarial? Martínez Aguayo dividió en cinco bloques a los afectados según su relación laboral con la Administración. En un primer bloque están los funcionarios administrativos, docentes, sanitarios y de Justicia (216.335), a los que se les aplicará conforme a la ley estatal una reducción progresiva desde 0,56% al 7%, según sus retribuciones. El próximo martes se publicará la tabla con el descuento específico. En el segundo están los empleados laborales (24.536) a los que se les reduce un 5% de media a la espera de que se acuerde mediante negociación colectiva una aplicación progresiva según cada nómina.

El mismo criterio se aplica al personal de laboral del entramado empresarial público, pero no podrá hacerse con el de las sociedades mercantiles. (El sector empresarial suma unas 40.000 personas). La consejera Martínez Aguayo admitió que la aplicación del decreto a las 9 sociedades mercantiles (Egmasa entre ellas) es más compleja por la naturaleza jurídica de estas. Como fórmula para obligarlas a aplicar la rebaja salarial, la Junta reducirá un 5% la transferencia de dinero para gasto de personal. Ayer mismo aprobó rebajar ese tanto por ciento el crédito para ese fin. Ante la posibilidad de que dichas empresas opten por despedir personal antes que reducir sueldos, Martínez Aguayo contestó que el Gobierno «no contempla esta posibilidad» y dijo confiar en la responsabilidad de todos, incluidos los sindicatos. Estos ya han amenazado con acudir a los tribunales si la Junta aplica el decreto a los contratados de las empresas públicas. «No es razonable que el esfuerzo no se aplique al conjunto de los trabajadores del sector público», dijo la consejera.

La misma amenaza advierten los sindicatos sobre los profesores de la enseñanza concertada, el quinto bloque de afectados. Martínez Aguayo confirmó que también se les aplicará la reducción, que deberá negociar con los sindicatos a través de la mesa de la enseñanza privada. CC.OO. y UGT anunciaron ayer que este colectivo se sumará a la huelga de funcionarios del próximo día 8.