El juez, eje de la sesión de control

Un debate bronco, plagado de dardos y acusaciones soterradas. La sesión de control al Gobierno se convirtió ayer en un casi monográfico sobre Baltasar Garzón. El PP interpeló hasta seis ministros con el mismo reproche: la existencia de una «sucia y populista campaña» contra los miembros del Tribunal Supremo por encausar al juez de la Audiencia Nacional.

Los miembros del Ejecutivo respondieron al contraataque. Acusaron a los populares de ser ahora «afligidos de conveniencia». El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en concreto, recordó que el PP «ha arremetido» contra jueces, fiscales y policías cada vez que han intentado esclarecer posibles casos de corrupción en sus filas. Los socialistas, en definitiva, sostuvieron que la formación que lidera Mariano Rajoy azuza la polémica en torno a los procesos judiciales contra Garzón para tapar las consecuencias políticas del 'caso Gürtel'.

Las encargadas de abrir el fuego fueron María Teresa Fernández de la Vega y Soraya Sáenz de Santamaría. Ambas se volvían a ver las caras tras dos meses en los que la portavoz del grupo popular prefirió a Elena Salgado como rival.

Sáenz de Santamaría reclamó, como luego harían otros cuatro compañeros suyos, el cese inmediato de Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial, por acudir el pasado 13 de abril a un acto de apoyo a Garzón en la Universidad Complutense de Madrid, donde, según el PP, comenzó una «campaña extremista» de tal calado que hace «peligrar el Estado de Derecho». De la Vega reiteró que el Gobierno «defiende» a todas las instituciones e hizo hincapié en que lo hace «siempre». Un matiz que sirvió a la número dos del Ejecutivo para recriminar al PP por «desempolvar» la estrategia del ventilador en vez de ofrecer explicaciones «del traje de 50.000 folios que les han hecho», una forma de unir el caso de los regalos de ropa a Francisco Camps con el levantamiento del secreto del sumario del 'caso Gürtel'. «La única institución que el Gobierno defiende contra viento y marea se llama PSOE», replicó Sáenz de Santamaría.

El diputado popular Juan José Matarí pidió a Manuel Chaves la dimisión de Zarrías por acudir al homenaje a Garzón donde, aseguró, se «animó» a la confrontación entre instituciones «violando» el pacto constitucional de 1978. El vicepresidente tercero, que calificó de «ridícula» la pregunta, espetó a su rival que nadie en España tiene que pedir perdón o dimitir por ejercer sus derechos.

La disputa más técnica la mantuvieron Federico Trillo y Caamaño. El parlamentario popular leyó diversa jurisprudencia donde se acredita que la libertad de expresión no incluye «las calumnias y las injurias» y recriminó al fiscal general del Estado por no emprender acciones contra los asistentes al mencionado acto, donde se llamó cómplices de torturadores a los magistrados del Supremo.