La jueza deja en libertad a los imputados del 'caso Toscana' que estaban en prisión

La familia Galán, dueños de la red de clubes de alterne Galantería y el resto de trabajadores detenidos por la Guardia Civil en la 'operación Toscana', se encuentran ya en libertad sin fianza, después de que ayer la nueva jueza de instrucción número 1 de Chiclana ordenara que los siete imputados que seguían aún bajo prisión provisional, salieran de la cárcel sin fianza, pero con cargos. Entre ellos se encontraba el cabeza de familia y principal imputado, Juan Luis Galán y su hijo, Juan Pedro Galán, además del administrador de los negocios familiares, José Luis T. F. y cuatro encargados de los prostíbulos, que abandonaron el centro penitenciario de Puerto II en la noche de ayer, tras permanecer trece días presos. Por la mañana, la jueza había ordenado sólo el traslado de Juan Luis Galán a su hogar para que cumpliese allí el arresto domiciliario por motivos de enfermedad pero, a mitad de la tarde, un auto de última hora anulaba la primera decisión y decretaba la libertad para todos sin fianza alguna. Según explicaban ayer los abogados de la familia, tan sorprendente cambio de registro fue «a instancias» de la propia jueza y, en contra de la opinión inicial del fiscal que defendía aún la medida cautelar.

Además de la liberación de los presos, en el nuevo auto la jueza ordenaba también que se devolviese a la familia Galán los 190.000 euros depositados como fianzas para el resto de imputados, entre ellos la hija de Juan Luis, Rocío Galán y su segunda esposa, María Isabel Aguilar, a las que se impusieron fianzas de 50.000 y 100.000 euros respectivamente.

«Esto es un fracaso del estado de Derecho que va a traer consecuencias muy desagradables para los responsables; porque se ha visto que hay delitos», afirmaba ayer a la puerta de Puerto II el letrado Juan Pedro Galán, mientras esperaba la salida de su defendido, Juan Luis.

Sin duda, el desarrollo de la 'operación Toscana' ha dado un vuelco de 180º grados con el cambio de magistrados. No en vano, el caso ha pasado ya por las manos de tres jueces distintos desde que diera comienzo la investigación el pasado mes de abril: primero la jueza titular, responsable de la instrucción y que está de baja; después, el titular del juzgado número 5 que ordenó la prisión incondicional y la libertad bajo fianza para los imputados; y por último, la nueva jueza que ha revocado la decisión de su antecesor. Aunque la decisión fuese ayer interpretada por los abogados y allegados de los Galán como un varapalo a la investigación de la Guardia Civil y una desautorización del magistrado anterior, en su auto, la nueva jueza deja claro que de las diligencias de la Benemérita llevadas a cabo, sí se desprenden «indicios» delictivos, como «la explotación lucrativa de la prostitución ajena» o «un presunto delito contra la Hacienda Pública». Además, explica que hasta ahora sí «concurrían los fines para decretar la prisión provisional».

Sin embargo, razona que para continuar la investigación sería necesario el testimonio de «un número significativo» de las 96 prostitutas identificadas (algo que llevaría un tiempo excesivo) y ya no existen motivos para una medida excepcional como la cárcel, pues no hay riesgo de que los presos destruyan pruebas o se den a la fuga.