El pacto anticrisis arranca con malas caras

Mal augurio para el encuentro entre la comisión gubernamental y los grupos parlamentarios. El Gobierno insistió ayer en que hará el «máximo esfuerzo» para que de las negociaciones que se abren hoy puedan salir medidas conjuntas contra la crisis, pero demoró hasta última hora la remisión del documento con el que pretende abrir el diálogo. La consecuencia: el malestar del PP y de buena parte de los convocados.

Eran las ocho y media de la tarde cuando los portavoces de los grupos parlamentarios esperaban que el Ejecutivo diera señales de vida. El primero en mostrar su enfado fue el primer partido de la oposición. Expresó en un comunicado su «extrañeza y perplejidad» por la tardanza. «El PP considera indispensable contar con ese documento con un plazo de tiempo suficiente para su estudio y para fijar una posición», protestó.

Es la repetición de algo que ya sucedió durante la Conferencia de Presidentes. Entonces los gobernantes autonómicos del primer partido de la oposición se negaron a dar su apoyo al texto en el que el Gobierno planteaba un acuerdo para la reducción del déficit en las comunidades y su argumento fue, precisamente, que nadie se había dignado a remitirles la propuesta de antemano, lo que, a su juicio, demostraba poca voluntad de pacto.

Pocos minutos después, el documento empezó a llegar con cuentagotas a los grupos parlamentarios. El malestar era general, pero aun así, nadie faltará a la cita. El documento base, además, no es más que un índice de los temas a tratar.

En realidad, no hay demasiadas expectativas con la reunión. Y no la había antes de este episodio. En algún caso, como el del PP e incluso IU, porque recelan de que tras el paso dado por el presidente del Gobierno en el debate parlamentario de la semana pasada haya poco más que humo. En otros, el de los nacionalistas catalanes, porque asumen que aun en el supuesto de que la voluntad de pacto sea cierta, difícilmente puede salir algo de un encuentro a tantas bandas, más allá del método de negociación.

Tampoco el Ejecutivo pretende ir más allá, de momento. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, admitió en el Congreso que su primer objetivo es tan sólo definir «el temario de negociación». Zapatero planteó el pasado miércoles cuatro grandes bloques de diálogo: la competitividad de la economía y la creación de empleo; la política industrial; la reducción del déficit público y el sistema financiero. Pero tampoco entró en detalle.

Sus propuestas, aun así, no son ningún misterio y deberían sonar a conocidas a los grupos parlamentarios. En resumidas cuentas, lo que ha hecho el jefe del Ejecutivo es fraccionar el anteproyecto de ley de Economía Sostenible, que presentó en el Parlamento en diciembre, y volverlo a poner sobre la mesa en forma de oferta para el acuerdo.

Dos meses

El periodo de dos meses que Zapatero da de margen para llegar a un acuerdo está justificado, según su propia versión, en que ése es el plazo marcado para empezar a tramitar la citada ley, eje de toda su estrategia económica.

Lo cierto es que su paso adelante sólo llegó después de que CiU planteara la necesidad de firmar un pacto de Estado contra la crisis, una tesis a la que siempre se han opuesto tanto socialistas como populares. Ambos optaron desde el principio de la legislatura por hacer de la economía el eje de la dialéctica Gobierno-oposición. Pero la noticia de que el Rey estaba celebrando encuentros con representantes de los agentes sociales para propiciar un clima de acuerdo volvió a avivarlo.

El PP es consciente de que el movimiento de Zapatero le deja escaso margen de maniobra si no quiere aparecer como la fuerza obstruccionista. De ahí que, pese a su desconfianza, acuda a esta primera cita con Salgado, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el de Fomento, José Blanco. Fuentes gubernamentales dan por hecho que los dos interlocutores populares serán la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría y el responsable del área económica, Cristóbal Montoro, aunque no ha habido confirmación oficial.