Imputado el presidente de Pescanova por falsear las cuentas

La Audiencia Nacional acordó este miércoles imputar al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro y a su mano derecha en la empresa, Alfonso Paz-Andrade, por un presunto fraude a gran escala en la multinacional alimentaria que, sin embargo, no puede cuantificar aún a la espera de que avance la instrucción y lleguen los informes contables solicitados a la administración concursal de la compañía, a sus auditores, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Policía Judicial. Eso sí, de forma indiciaria aprecia ya indicios de que ambos, sin descartar la posible colaboración de otros administradores de la firma que por ahora no se apuntan, falsearon las cuentas anuales y otro tipo de documentos para dar “una imagen irreal” de su situación económica y patrimonial.

Tal afirmación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, referida, “al menos”, al último ejercicio fiscal y a la parte del presente año anterior a que se declarara el concurso de acreedores y se nombrara un administrador judicial (el pasado 25 de abril) no resulta en modo alguno baladí. Y es que las irregularidades supuestamente cometidas en Pescanova saltaron a la luz precisamente a raíz de que el propio Fernández de Sousa-Faro comunicara a la CNMV el pasado 28 de febrero que no iba a formular las cuentas de 2012 por “anomalías” con las cifras y, al tiempo, desvelara sus “dudas” sobre la propia continuidad de la misma, es decir, diera respaldo a los rumores que ya se venían escuchando entonces sobre la posible quiebra técnica de la multinacional.

Fue, por tanto, la confirmación de que Pescanova estaba herida casi ‘mortalmente’ - el concurso de acreedores declarado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra determinará cuán profundo es el daño y si cabe la continuidad futura de su actividad, aún a costa de vender parte de sus activos-, lo que pilló por sorpresa a miles de accionistas, sobre todo a aquellos que habían entrado en Pescanova animados por las recomendaciones hechas por distintos analistas entre agosto de 2012 y enero de 2013 que, a su vez, se basaban en el “signo positivo de la información” que iban facilitando los administradores de la empresa. Incluso el propio presidente comentó a varios de ellos al cierre del tercer trimestre que habían ganado casi 25 millones en dicho período.

La cruda realidad después revelada por los auditores, aún a cuentagotas y que ya va siendo conocida por la administración concursal, es que al menos durante 2012 y 2013 se fueron inflando ingresos y ocultando gastos, manipulando facturas y realizando operaciones cruzadas entre la matriz y las filiales del grupo de clara apariencia irregular, todo dentro de una doble contabilidad. Mientras, Pescanova está suspendida de cotización desde el 12 de marzo, tras desplomarse su valor más de un 65% y quedar en 5,91 euros, menos de una tercera parte de los 17,40 en que cerró febrero. De ello se resintieron menos cuatro socios privilegiados, tanto los citados Fernández Sousa-Faro y Paz-Andrade como otros dos accionistas de peso, el empresario vigués José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas, presidente del fondo de inversión Iberfomento, que controla el 3,4% del capital social.

Tres delitos

Los cuatro, “plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la sociedad” –destaca el juez-, vendieron distintos paquetes de acciones (se deshicieron de hasta 3,5 millones de participaciones) entre septiembre de 2012 y febrero de 2013 que, una vez descontado el precio al que las compraron en su día, les permitió evitar unas pérdidas de más de 26,8 millones de euros respecto al valor con el que fueron suspendidos después, según estima la CNMV. Por tal motivo, Pablo Ruz les imputa la presunta comisión de un delito de uso de información relevante y, además, en el caso del presidente y de su mano derecha, añade también sendos delitos societarios, uno de falseamiento de información económico-financiera y otro de falseamiento de cuentas anuales.

El instructor ha citado a declarar a los cuatro los próximos días 1 y 2 de julio, así como a los representantes legales de Pescanova y de varias sociedades que han sido o son todavía accionistas de la multinacional, la mayoría sociedades del propio Fernández de Sousa-Faro y de su entorno familiar, cuyos movimientos patrimoniales serán investigados ahora por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, en busca de “cambios significativos” que supongan “salidas, pérdidas, transformación o transferencias reales y/o aparentes de activos”. Eso sí, aplaza la imposición de una fianza por responsabilidad civil (que resultará millonaria) hasta poder tener “una estimación razonada y congruente, aún de forma provisional” del presunto fraude cometido en Pescanova.

Las últimas informaciones que se desprenden el trabajo de los auditores apuntan que en apenas un lustro la compañía ha cuadruplicado con creces su deuda, desde los 822 millones de euros con los que cerró 2008 hasta los más de 3.700 millones que arrastraría en la actualidad, con unas ventas que en 2011 (las de 2012 siguen sin conocerse oficialmente ni ser aprobadas por el consejo) habrían alcanzado los 1.670 millones de euros y un beneficio de otros 50 millones…, eso sí no estaban infladas y/o manipuladas las cuentas, como sospechan el juez y la Fiscalía Anticorrupción, cuyo informe ha sido decisivo para este caso junto a cuatro querellas de grupos de pequeños accionistas. No obstante, el juez aplaza la imputación tanto de la firma auditora BDO –por no revelar las irregularidades contables después conocidas-, el Banco Sabadell –por supuesto aprovechamiento de información privilegiada para vender un paquete de títulos de Pescanova- y de la CNMV –por falta de diligencia y control en este caso- hasta la posible aparición de indicios “suficientes” contra ellos que, “por el momento”, no aprecia.