Los bancos se adjudicarán las viviendas por el 52,5% de su valor de tasación en los procesos de desahucio

Las entidades financieras se adjudicarán las viviendas por el 52,5% de su valor inicial de tasación en los procesos de ejecución hipotecaria por impago, de acuerdo con los límites fijados en el proyecto de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuraciones de deuda y alquiler social. Los bancos no podrán sacar a subasta la vivienda ejecutada por debajo del 75% del valor de tasación y, si la subasta queda desierta, la entidad financiera no podrá adjudicarse ese inmueble por menos del 70% del valor de subasta. Por ejemplo, una vivienda cuyo valor de tasación fuera 100.000 euros, saldría a subasta por 75.000 y, si nadie la adquiere, el banco se la adjudicaría con un valor mínimo de 52.500 euros (el 70% de 75.000 euros). Esto supone un incremento respecto a la situación actual ya que no hay un mínimo para la subasta, sino que es el que se fija en la escritura del préstamo hipotecario (puede ser hasta del 40% de la tasación) y si queda desierta la entidad financiera se la adjudica por el 60% de la subasta; en ese caso, se lo quedaría por el 24% de su valor de tasación. El proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento estará en vigor a finales de este mes o primeros de mayo, según los cálculos del Gobierno, y aunque se amplió hasta hoy el plazo para presentar enmiendas, fuentes del Ministerio de Economía señalaron que no se van a aceptar grandes cambios y, en ningún caso, la dación en pago con carácter general y retroactivo ni aplicar la fórmula aprobada por la Junta de Andalucía de expropiación temporal a los bancos de las viviendas que vayan a desahuciar.

Precisamente, el grupo socialista ha presentado hoy una enmienda al proyecto de ley contra los desahucios que recoge íntegramente el texto de la Junta de Andalucía autorizando las expropiaciones forzosas del uso de vivienda propiedad de entidades financieras durante tres años en caso de desahucio de familias en situación de vulnerabilidad. La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Leire Iglesias, explicó que los beneficiarios deberán ser deudores de buena fe cuyas circunstancias económicas hayan variado sustancialmente en los últimos años -que la carga hipotecaria sobre los ingresos familiares se haya multiplicado por 1,--, que destinen al menos un tercio de sus ingresos a pagar la vivienda, siempre que no superen en tres veces al IPREM, y que sea su única vivienda..

Por otra parte, el proyecto de ley fija unos porcentajes de quita de la deuda del 35% y 20% de manera que si en el plazo de cinco años se paga el 65% de la deuda que quedara tras la adjudicación de la vivienda o el 80% en diez años, el deudor quedará exonerado de pagar el resto. Estas quitas se aplicarán de forma retroactiva en lo que es una auténtica novedad. También tendrá carácter retroactivo la reducción de los intereses de demora, que se fijan en tres veces el interés legal del dinero (lo que supone un tipo de interés de demora del 12% en la actualidad); los intereses de demora que se están aplicando ahora rondan el 28%. Desde el Ministerio de Economía insisten en que "la deuda hay que devolverla y con los intereses remuneratorios pactados", pero que con el proyecto de ley se intenta dar una solución "rápida y fácil" a las familias que no han podido pagar su hipoteca.

El Gobierno ya ha intentado varias fórmulas para solucionar el grave problema de los desahucios, aunque con escaso resultado pues hubo casi 39.000 el año pasado El Código de Buenas Prácticas impulsado por el ministro Guindos cuando llegó al ministerio, que obliga a aceptar la dación en pago en los casos más vulnerables, permitió que el año pasado alrededor de 111 familias quedaran libres de deuda hipotecaria tras perder su casa. No obstante, las daciones en pago acordadas de forma voluntaria entre el deudor y la entidad financiera se elevaron a 14.229 en 2012, según los datos facilitados por el Colegio de Registradores, de las cuales el 80% era primera vivienda. Es decir, que el efecto del Código de Buenas Prácticas en la dación en pago de vivienda habitual fue del 1% sobre el total. A su vez, las daciones en pago representaron el 36% del total de desahucios, que alcanzaron los 38.876 el año pasado, el 77% de ellos fue primera vivienda.