La Corona, sometida al imperio de la ley

El Rey lo recordó en un oportuno mensaje navideño, con el que dio respuesta institucional al desencadenamiento, hace ahora cuatro años, del 'caso Urdangarin', la escandalosa deriva del yerno del monarca hacia la corrupción política con el pretexto del mecenazgo y a socapa de su encumbrada posición social: "La justicia es igual para todos". Afortunadamente, este aforismo democrático se está cumpliendo a rajatabla, y ya alcanza a la propia infanta Cristina, que ocupa el séptimo lugar en la línea sucesoria de la Corona. Iñaki Urdangarín y la infanta se casaron en octubre de 1997, participaron ambos en la sociedad Nóos y fueron copropietarios de Aizoon.

Evidentemente, la imputación no es una condena, por lo que la Justicia dirá si en la recaudación irregular de fondos públicos y privados mediante patrocinios hinchados o imaginarios a través de sociedades vinculadas a Urdangarin y a su socio Torres existió o no responsabilidad penal de la infanta. Lo que no resultaba de recibo era que no fuese imputada a efectos precisamente de esclarecer su participación en los negocios turbios del esposo. Máxime cuando la cónyuge de Torres, con una presencia semejante a la de la infanta en las empresas comunes, lo está desde hace tiempo.

Han pasado los tiempos en que la mujer, en el matrimonio, tenía un papel subsidiario y secundario. Hoy, por fortuna, ambos cónyuges son iguales en la sociedad conyugal, por lo que es mucho más difícil alegar desconocimiento en casos como éste. Y si la Justicia es efectivamente igual para todos, el celoso juez José Castro debía dar el paso de la imputación de doña Cristina antes o después. A pesar de que la Fiscalía, que no parece andar fina en este asunto, no haya visto señales de responsabilidad en la infanta.

Porque la institución monárquica, evidentemente lesionada por este escándalo familiar, debía de ser la primera interesada en que todo se esclarezca hasta las últimas consecuencias. Unas responsabilidades claramente personales en las que el yerno del monarca abusó de su posición distinguida no se transmiten a la institución si se deslindan y esclarecen todas las facetas de relevancia penal de los abusos cometidos. Ahora, el Rey medirá la pertinencia o no de apartar a la infanta de la línea de sucesión, y de mantener o no el ducado para su hija menor; pero en el ámbito político, el asunto quedará zanjado en cuanto recaiga una sentencia firme sobre todos los imputados. Sea cual sea ésta, la democracia habrá acreditado su inflexibilidad ante la ley, su plausible capacidad para situar a cada cual bajo el peso de su propia responsabilidad. Y la Corona permanecerá en su sitio, dolida pero claramente sometida al imperio de la ley.