El juez declara en concurso de acreedores a Reyal Urbis

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la inmobiliaria Reyal Urbis, que declara un pasivo inicial de 4.345,4 millones y un activo de 2.621,3 millones, lo que arroja un déficit patrimonial de 1.724 millones de euros.

Según ha indicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el juez Francisco Javier Vaquer ha acordado que el deudor conserve las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando estas sometidas a la intervención de la administración concursal.

De hecho, y según consta en el auto de declaración del concurso, se ha designado como administrador concursal profesional a la CNMV, que podrá optar por un miembro de su personal técnico o por una persona física o jurídica.

Asimismo, se ha designado administrador concursal a la Agencia Tributaria atendiendo al "indudable y relevante" interés público de la concursada, tanto por el volumen de créditos titular de distintos órganos de la Administración Central del Estado como por el volumen de pasivo y la extensión territorial, tanto nacional como internacional, del concurso.

Además de la deuda financiera que tiene contraída la sociedad con las entidades financieras por 3.613 millones, la principal entidad acreedora de la inmobiliaria es la Sareb (el llamado 'banco malo'), con 707 millones de euros -de los que 650 millones corresponden a Bankia y a NCG.

Según fuentes del sector, al margen de su pasivo financiero, la inmobiliaria debe además cerca de 368 millones a la Agencia Tributaria, mayoritariamente en concepto de IVA, y 215 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Asimismo, se incluyen cerca de 140 millones en deudas con proveedores.

El pasado 19 de febrero, y ante el rechazo de la banca a refinanciar su deuda, Reyal Urbis presentó el concurso de acreedores, pasando a protagonizar la segunda mayor insolvencia de la historia de España, solo superada por la de Martinsa-Fadesa, que alcanzó un acuerdo con sus acreedores para pagar sus 7.200 millones de deuda en un plazo de hasta 10 años.

De acuerdo con la compañía, que hacía referencia a una tasación de Jones Lang Lasalle, el valor de sus activos a junio de 2012 era de 4.194 millones. Sin embargo, otras fuentes señalaron a EFE que desde el pasado año el valor de sus activos era inferior a su deuda.

Las mismas fuentes indicaron que los detonantes que llevaron a la compañía a solicitar el concurso fueron un embargo de 5 millones de las cuentas de Reyal Urbis para pagar deudas derivadas de pleitos y la última propuesta presentada a la banca para obtener 30 millones de euros de liquidez adicional con los que abonar impagos con los proveedores y con Hacienda.

Una vez que se publique la declaración del concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los acreedores tendrán un plazo de un mes para comunicar sus deudas.

Por otro lado, el juez ha acordado en el auto -contra el que cabe recurso de apelación en un plazo de 10 días- dar traslado del concurso al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).