Gobierno tocado y fragata embargada

El embargo de la fragata argentina ‘ARA Libertad’ en Ghana se está convirtiendo en una ópera bufa para el Gobierno de Cristina Fernández y un espejo de sus peores defectos. Primero fue la gresca interministerial en la que los responsables de Defensa, Exteriores, Seguridad e incluso la secretaría de Comercio se tiraron los trastos a la cabeza, negando su responsabilidad en el cambio de itinerario del barco. El ‘Libertad’ tenía previsto amarrar en Nigeria, pero lo hizo en el puerto de Tema, ciudad de Accra, capital de Ghana, donde fue bloqueada por orden de un juez a instancias del fondo ‘buitre’ NML, que exige el pago de 600.000 dólares desde hace una década al Gobierno argentino sin obtener satisfacción. La fianza para liberar la embarcación costaría 20 millones de dólares, a lo que también se niega Buenos Aires.

Al conocerse el incidente y dirigirse todas las miradas hacia la Armada, su secretario general, el contralmirante González Day, quiso despejar en corto el escándalo y habló de una decisión que se tomó en “un proceso cooperativo interministerial”. Al final, la estratagema no surtió el efecto deseado y el Gobierno hizo rodar su cabeza, la de su superior, el ministro de Marina, Carlos Alberto Paz, y las de otros dos responsables. La prensa argentina ha detallado la desafortunada secuencia de los acontecimientos, reproduciendo las notas intercambiadas entre los distintos departamentos. La conclusión es que el Ministerio de Exteriores, ante la notificación por Marina y Defensa del cambio de atraque por unas “razones operativas” no especificadas, respondió el 23 de mayo con la advertencia de que, dados los procesos abiertos contra Argentina “en diferentes jurisdicciones extranjeras, no puede garantizarse que su viaje de instrucción no pueda ser objeto de posibles reclamos, medidas precautorias o de ejecución durante su estadía en puertos extranjeros”. Se aludía también expresamente a la intensa actividad de los ‘fondos buitre’ por la falta de pago de bonos de la deuda externa.

Resulta también curioso observar que en la nota de Exteriores se hacía referencia a las escalas en España, Portugal, Alemania, Bélgica, Italia y Francia, “donde hay procesos judiciales contra Argentina que podrían dar lugar a embargos” en virtud de los reglamentos de la UE. La recomendación, según informa el diario argentino ‘Página 12, hizo que las escalas en la península ibérica se suspendieran, pero por insistencia de la Armada se decidió finalmente su inclusión. Como argumento, se alegó la descortesía que habría supuesto no cumplir la reciprocidad con la presencia de barcos españoles y portugueses en la Regata del Bicentenario.

El desaguisado pudo ser aún mayor, si Exteriores no frustra un supuesto plan de fuga de la Armada que habría contado con el visto bueno del ministro de Defensa, Arturo Puricelli. El canciller argentino, Héctor Timerman, hizo ver a su entusiasmado colega de Defensa que esa opción colocaría al buque en condición de prófugo de la Justicia y al país al margen del derecho internacional. La Armada además no había considerado informaciones solventes en su poder que daban cuenta de la presencia en la zona por las fechas previstas para la huida de un destructor británico. El escándalo y la humillación de ver al buque-escuela detenido como un ladrón que huye por un navío inglés hubiera sido insoportable incluso para la paquidérmica piel del Gobierno de Cristina Fernández.