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Presentan una demanda contra Ordóñez y Rato por Bankia

El magistrado deberá decidir si los hechos denunciados por Manos Limpias "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal"

MADRID Actualizado: Guardar
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Un juzgado de Madrid ha pedido a la Fiscalía que informe sobre la procedencia de admitir a trámite una demanda contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ante "la posible existencia de una infracción penal" en su gestión.

Esta petición forma parte de las diligencias previas solicitadas por el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, según el auto al que ha tenido acceso Efe, como respuesta a una demanda presentada por el colectivo Manos Limpias que está pendiente de ser admitida a trámite. La Fiscalía tendrá ahora que decidir si los hechos presentados por el demandante "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", lo que determinará la admisión a trámite del caso.

La demanda considera que el gobernador del Banco de España podría haber cometido un delito de imprudencia grave por mala supervisión de entidades financieras, mientras que acusa a los responsables de las cajas intervenidas de delito societario y falsedad en documento mercantil.

El sindicato acusa al gobernador del Banco de España por su "grave imprudencia" al permitir la concesión de créditos "sin controlar el riesgo", lo que podría constituir varios "delitos penales" por omitir su labor de supervisión de las entidades financieras, según la denuncia presentada. Además, Manos Limpias acusa a Fernández Ordóñez de no supervisar correctamente a Caja Castilla La Mancha (CCM) y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que también tuvieron que ser intervenidas por el Banco de España ante su situación de quiebra.

Varios delitos

Por otro lado, el sindicato considera que los antiguos presidentes de Bankia incurrieron en presuntos delitos societarios, falsedad documental, administración desleal y malversación de caudales públicos.

En la denuncia se les acusa de conceder "millones de créditos fallidos a los especuladores" del sector inmobiliario y de "maquillar los balances" en la declaración de sus cuentas presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hechos denunciados posteriormente por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El sindicato también denuncia el incumplimiento por parte de España de la directiva europea 30/0/2009, que limitaba las indemnizaciones a los banqueros a dos años de retribuciones fijas y obligaba a devolver los pagos en exceso.